¿De qué sirve que los órganos legislativos aprueben leyes si luego, por intereses y conveniencias políticas, el presidente de la república y los gobernadores no las hacen respetar o arbitrariamente deciden hacerlas cumplir o no?
Una de esas leyes es la Ley de Cultura Cívica del Distrito Federal que expidió el 19 de mayo de 2004 el entonces jefe de gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador.
El objeto de la ley, como se lee en su Artículo 1 es: a) Establecer reglas mínimas de comportamiento cívico; b) Garantizar el respeto a las personas, los bienes públicos y privados y regular el funcionamiento de la Administración Pública del Distrito Federal en su preservación; c) Determinar las acciones para su cumplimento, y; d) La promoción de una cultura de la legalidad que fortalezca la convivencia armónica, la difusión del orden normativo de la ciudad además del conocimiento de los derechos y obligaciones de ciudadanos y servidores públicos”.
El decreto se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 31 de mayo de 2004 y la ley entró en vigor 60 días después.
Desde su expedición la ley ha sido reformada o adicionada 16 veces por la legislatura local, siendo la última el 18 de diciembre de 2014.
En su momento muchos criticaron la ley promulgada por quien decía defender a los pobres y al pueblo porque prohibía diversas conductas negativas que, ni antes ni después de que entró en vigor, ningún gobernante de la Ciudad de México o DF ha sido capaz de reducir o eliminar. Un analista de la época dijo que la ley le “dio a los policías armas para extorsionar y sacar de espacios de la ciudad a los más pobres, grafiteros, vendedores ambulantes o artesanos, entre otros”.
Por ejemplo, una infracción contra la tranquilidad de las personas que es letra muerta es “prestar algún servicio sin que le sea solicitado y coaccionar de cualquier manera a quien lo reciba para obtener un pago por el mismo. La presentación del infractor solo procederá por queja previa”. Entre estos infractores están los limpiaparabrisas que en la CDMX muchas veces exigen que se les pague por su servicio, a veces con mucha agresividad, aunque no se les haya solicitado el mismo o que expresamente se les dijera “no, gracias”.
Otra acción contra la tranquilidad de las personas que ninguna autoridad combate es “producir o causar ruidos por cualquier medio que notoriamente atenten contra la tranquilidad o represente un posible riesgo a la salud de los vecinos”. También es letra muerta cuando uno escucha a un microbusero hacer sonar sus cornetas de aire que pueden dejar sordo a cualquiera.
Una infracción contra la seguridad ciudadana es “detonar o encender cohetes, juegos pirotécnicos, fogatas o elevar aeróstatos, sin permiso de la autoridad competente”. Se trata de otra disposición que nadie respeta, empezando por la jefa de gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, quien con tal de quedar bien con quienes espera que voten por ella en 2024, anunció ayer que no va a prohibir la quema de cohetes olvidando que no le toca a ella prohibir ni autorizar lo que ya está regulado en la Ley de Cultura Cívica que promulgó su jefe y patrón cuando ella era su leal secretaria de Medio Ambiente.
De nada sirven las leyes si los gobernantes no las hacen cumplir.
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