¿Ignora la mitad del gabinete presidencial a su jefe?

El presidente Andrés Manuel López Obrador fue claro y contundente. En su conferencia de prensa del jueves pasado dijo esto: “Todos los servidores públicos tienen...

9 de enero, 2019

El presidente Andrés Manuel López Obrador fue claro y contundente. En su conferencia de prensa del jueves pasado dijo esto: “Todos los servidores públicos tienen que dar a conocer sus bienes y transparentarlos, porque ahora hay la posibilidad de que se puedan mantener en reserva. Por cuestiones de índole moral todos tenemos que dar a conocer los bienes. El que no dé a conocer sus bienes, alegando que la ley no se lo exige, no va a poder desempeñarse en este gobierno”.

Al parecer, sus palabras no tuvieron mucho efecto sobre varios miembros de su gabinete, ya que al revisar las declaraciones patrimoniales de los 18 secretarios de Estado que aparecen en el sitio declaranet.gob.mx, se observa que la mitad de ellos no autorizó a que toda o parte de su declaración pueda ser vista por el resto de los mexicanos que les pagamos sus sueldos.

Tres secretarios solicitaron que se oculten tanto sus datos patrimoniales como sus posibles conflictos de interés. Ellos son Olga Sánchez Cordero, de Gobernación; Esteban Moctezuma, de Educación Pública; y Josefa González Blanco Ortiz Mena, de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, y Román Guillermo Meyer Falcón, secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, no autorizaron a que se hagan públicos sus ingresos por actividad industrial, comercial, financiera y otros; el valor de sus bienes muebles e inmuebles; así como el monto que poseen en inversiones, cuentas bancarias y otro tipo de valores.

Los secretarios de Energía, Rocío Nahle García; de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Víctor Manuel Villalobos Arámbula; y de Turismo, Miguel Torruco Marqués, ordenaron que se mantengan en secreto sus ingresos provenientes de actividad industrial, comercial, financiera y otros; el valor de sus bienes muebles e inmuebles, y de sus vehículos; el saldo que tengan en sus inversiones, cuentas bancarias y otro tipo de valores; así como los adeudos que tengan, el monto original de los mismos, sus saldos y el monto de los pagos realizados.

Los secretarios que sí autorizaron a que sean públicas sus declaraciones de bienes y posibles conflictos de interés son Luis Sandoval González, de la Defensa Nacional; José Rafael Ojeda Durán, de Marina;  Carlos Urzúa Macías, de Hacienda y Crédito Público; María Luisa Albores González, de Bienestar Social; Graciela Márquez Colín, de Economía; Javier Jiménez Espriú, de Comunicaciones y Transportes; Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, de la Función Pública; Jorge Alcocer Varela, de Salud; Luisa María Alcalde Luján, de Trabajo y Previsión Social; y Alejandra Frausto Guerrero, de Cultura.




Ninguna de las 16 declaraciones que hay en declaranet.gob.mx muestran los bienes, ingresos o conflictos de interés de los cónyuges, dependientes económicos o parientes cercanos de los funcionarios, como en su momento también lo pidió Andrés Manuel.

“El que no dé a conocer sus bienes, alegando que la ley no se lo exige, no va a poder desempeñarse en este gobierno” advirtió hace menos de una semana el presidente López Obrador. Ocho secretarios de Estado no le creyeron o decidieron ignorarlo. ¿Corregirán su error o dejarán de desempeñarse?

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Sin embargo, el presidente muy convenientemente olvidó que el Artículo 41 dice que “El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión (…) y por los de los Estados y la Ciudad de México (…) en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las particulares de cada Estado y de la Ciudad de México, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal”. O sea que el pueblo no manda directamente mediante votaciones a mano alzada realizadas en alguna plaza pública ni a través de encuestas amañadas y de dudosa calidad científica, que son dos métodos dizque democráticos que AMLO ha utilizado para justificar sus decisiones personales o su partido MORENA para imponer candidaturas. El 41 explica que el pueblo manda, pero “por medio de los Poderes de la Unión (…) y por los de los Estados y la Ciudad de México”. Los “aparatos” y las “estructuras”, que para Andrés Manuel carecen de importancia, han sido creadas por iniciativa de legisladores federales y locales, presidentes y gobernadores, y aprobadas por las legislaturas federales y de los estados con el fin de que exista un gobierno organizado y funcional que permita cumplir la voluntad del pueblo mexicano, que según el Artículo 40, “es constituirse en una República representativa, democrática, laica y federal, compuesta por Estados libres y soberanos (…) y por la Ciudad de México, unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental”. A juzgar por las palabras de AMLO, el único Poder que México necesita para ser la República que define el 40 es el Ejecutivo, encabezado por él mismo, ya que él y solo él es capaz de defender y promover su idea muy particular de la democracia. Él lo ha dicho: el Poder Judicial es corrupto y está en contra de la democracia, los órganos constitucionales autónomos que no actúan como él quiere (INE, INAI, INEGI, IFT, COFECE, CONEVAL y Banco de México) solo defienden a los ricos y poderosos y por lo tanto están en contra del pueblo, a diferencia de aquellos que encabezan sus incondicionales (CNDH y FGR), que sí están al servicio de la democracia. El Congreso, si él no mandara sobre su mayoría, seguramente también estaría dentro de su lista de enemigos del pueblo. Democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, dijo Abraham Lincoln. El gobierno de un solo hombre, por más iluminado que éste crea estar, se llama autocracia. 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¿Seguirán aguantando las presiones los juzgadores?

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