En Puebla Martha Erika gana; Barbosa es un mal perdedor

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10 de diciembre, 2018

Desde que se dieron a conocer los resultados del reciente proceso electoral, surgieron las dudas sobre los mismos en vista de que la mayoría de los candidatos locales y federales panistas y priistas, verdes, perredistas y emeceistas fueron apaleados por los de MORENA, PT y PES, con la excepción de quien es también esposa del exgobernador y líder de los senadores del PAN, Rafael Moreno Valle.

Recordemos esos resultados:

Congreso local: los candidatos de la coalición lopezobradorista ganaron 22 de las 41 diputaciones.
Ayuntamientos: los candidatos de MORENA-PT-PES ganaron 47 de los 217 municipios, entre ellos, muchos de los que demográfica y económicamente son los más importantes: Puebla, Tehuacán, San Pedro Cholula, Amozoc, San Martín Temexculan, Huauchinango, San Andrés Cholula, Izúcar de Matamoros, Huejotzingo, Chalchicomula. Solo en estos 10 habita el 36% de los poblanos.
Cámara de diputados federal: los lopezobradoristas ganaron en 14 de los 15 distritos.
Senado de la República: los lopezobradoristas ganaron dos de las tres senadurías.
Gubernatura: Martha Erika ganó con el 38.14% de los votos; Barbosa quedó en segundo lugar con el 34.10%.

Dados esos resultados, la coalición que postuló a Barbosa impugnó la elección ante los tribunales electorales y el sábado, faltando solo una semana para que deje su cargo el actual gobernador panista Tony Gali, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF o TRIFE) por fin avaló el triunfo de la panista. Votaron por ratificar su victoria cuatro de los siete magistrados: Reyes Rodríguez Mondragón, Felipe de la Mata, Indalfer Infante y la presidenta del tribunal, Janine Otálora.

Por lo anterior, fue desechado el proyecto que favorecía la anulación de la elección elaborado por el magistrado José Luis Vargas Valdez, quien indebidamente lo difundió a través de las redes sociales, tal vez con la intención de presionar a sus colegas para que votaran en el mismo sentido. Lo apoyaron, a fin de cuentas, Felipe Fuentes y Mónica Aralí Soto.

Barbosa, apenas conoció la decisión del TRIFE, demostró ser un mal perdedor al difundir por su cuenta de Twitter @MBarbosaMX cinco mensajes consecutivos que dicen: “El sistema de justicia electoral en México se encuentra en un profundo deterioro, en la Sala Superior del TEPJF se ha constituido una mayoría de cuatro magistrados, donde está incluida su Presidenta, que deciden sus votos mediante acuerdos políticos e influencias de toda índole (…) La escasa credibilidad que tenía la justicia electoral en México ha muerto, en la resolución de la elección de gobernador del Estado de Puebla estaba en juego saber si era justicia o había dejado de serlo (…) Cuatro magistrados, incluida su Presidenta, no resistieron las presiones políticas y la capacidad de seducción de @RafaMorenoValle. Por el bien de nuestra sociedad se debe investigar quiénes fueron los responsables de esta sucia operación (…) @RafaMorenoValle, con la complicidad de cuatro magistrados de la Sala Superior, incluida su presidenta, se pitorreó y acabó con lo poco que quedaba de la justicia electoral en México. Pero nunca se burlará de la dignidad de los poblanos (…) Nuestra lucha ha sido y seguirá siendo honrada y honesta. La sentencia ilegal de cuatro magistrados de la Sala Superior que convalida un fraude electoral, nos duele, pero no nos debilita. Fortalece nuestras convicciones de lucha. #PueblaLibre, hasta la victoria (…) Le deseo lo mejor a Puebla y voy a estar a lado de los poblanos con acciones pacíficas, siempre en apoyo del progreso de nuestra sociedad. #PueblaLibre”.

Nuestros políticos deberían dejar de intentar desprestigiar a autoridades y tribunales electorales cada vez que pierden una elección. Barbosa aceptó las reglas del juego electoral y se sometió a la decisión del TRIFE. Por ello, debe callarse y dejar de mostrar que es un mal perdedor. No necesitamos más malos ejemplos de quienes deberían ser líderes constructivos.

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Una de esas leyes es la Ley de Cultura Cívica del Distrito Federal que expidió el 19 de mayo de 2004 el entonces jefe de gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador. El objeto de la ley, como se lee en su Artículo 1 es: a) Establecer reglas mínimas de comportamiento cívico; b) Garantizar el respeto a las personas, los bienes públicos y privados y regular el funcionamiento de la Administración Pública del Distrito Federal en su preservación; c) Determinar las acciones para su cumplimento, y; d) La promoción de una cultura de la legalidad que fortalezca la convivencia armónica, la difusión del orden normativo de la ciudad además del conocimiento de los derechos y obligaciones de ciudadanos y servidores públicos”. El decreto se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 31 de mayo de 2004 y la ley entró en vigor 60 días después. Desde su expedición la ley ha sido reformada o adicionada 16 veces por la legislatura local, siendo la última el 18 de diciembre de 2014. En su momento muchos criticaron la ley promulgada por quien decía defender a los pobres y al pueblo porque prohibía diversas conductas negativas que, ni antes ni después de que entró en vigor, ningún gobernante de la Ciudad de México o DF ha sido capaz de reducir o eliminar. Un analista de la época dijo que la ley le “dio a los policías armas para extorsionar y sacar de espacios de la ciudad a los más pobres, grafiteros, vendedores ambulantes o artesanos, entre otros". Por ejemplo, una infracción contra la tranquilidad de las personas que es letra muerta es “prestar algún servicio sin que le sea solicitado y coaccionar de cualquier manera a quien lo reciba para obtener un pago por el mismo. La presentación del infractor solo procederá por queja previa”. Entre estos infractores están los limpiaparabrisas que en la CDMX muchas veces exigen que se les pague por su servicio, a veces con mucha agresividad, aunque no se les haya solicitado el mismo o que expresamente se les dijera “no, gracias”.  Otra acción contra la tranquilidad de las personas que ninguna autoridad combate es “producir o causar ruidos por cualquier medio que notoriamente atenten contra la tranquilidad o represente un posible riesgo a la salud de los vecinos”. También es letra muerta cuando uno escucha a un microbusero hacer sonar sus cornetas de aire que pueden dejar sordo a cualquiera. Una infracción contra la seguridad ciudadana es “detonar o encender cohetes, juegos pirotécnicos, fogatas o elevar aeróstatos, sin permiso de la autoridad competente”. Se trata de otra disposición que nadie respeta, empezando por la jefa de gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, quien con tal de quedar bien con quienes espera que voten por ella en 2024, anunció ayer que no va a prohibir la quema de cohetes olvidando que no le toca a ella prohibir ni autorizar lo que ya está regulado en la Ley de Cultura Cívica que promulgó su jefe y patrón cuando ella era su leal secretaria de Medio Ambiente. De nada sirven las leyes si los gobernantes no las hacen cumplir. 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