El pueblo no es tonto, pero tampoco es experto

El viernes pasado, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador dijo, y con razón, que “El pueblo no es tonto... "

20 de agosto, 2018

El viernes pasado, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador dijo, y con razón, que “El pueblo no es tonto, tonto es el que cree que el pueblo es tonto”. Lo dijo para justificar la realización de una consulta popular para que el pueblo decida que debe hacerse con el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), obra que registra un avance del 30% y a la cual, para cuando termine este año, se le habrán invertido casi 190,000 millones de pesos.

Ahora bien, una cosa es no ser tonto y otra entender un tema tan complejo como lo es un aeropuerto moderno.

No dudo que a fines de 1909 o principios de 1910 el pueblo pudiera tener cierto conocimiento del tema cuando en los llanos de Balbuena, a unos tres kilómetros al suroeste del lugar del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), se estableció lo que fue el primer aeropuerto del país. Entonces solo se necesitaba un llano plano y despejado para que un avión despegara y aterrizara.

Hoy, para comprender lo que implica un aeropuerto no basta no ser tonto; se requiere de una gran preparación académica y práctica en las distintas especialidades que participan en su construcción y operación. Por ello, una consulta popular sobre el asunto es un ejercicio inútil y demagógico porque el 99.999999% de la población no tiene la menor idea del asunto consultado.

Para ejemplificar lo anterior, a alguien se le ocurrió, el mismo viernes pasado, redactar y subir a las redes sociales el siguiente texto:

“¿Alguien tiene información que me facilite sobre el NAICM? Necesito información relacionada con la planeación del aeropuerto, donde pueda identificar las características físicas y ambientales del sitio, la estructura del espacio aéreo, la disponibilidad y localización de las ayudas a la navegación, inventarios de uso de suelo existentes, estudios de integración a los planes urbanos de desarrollo, datos socioeconómicos y demográficos, estudios de la evolución histórica de las condiciones climatológicas, estudios meteorológicos, anemométricos, pluviométricos y topográficos, estudios de mecánica de suelo, geotécnicos y de la localización de los bancos de materiales, estudios de impacto ambiental y sus efectos ecológicos, estudios financieros y mecanismos de financiamiento, pronósticos de la demanda, número de pasajeros a los que se les pretende dar el servicio, numero de pistas y calles de rodaje, dimensiones de las plataformas, capacidad de almacenamiento y distribución de combustibles, número y tipo de aviones que a futuro aterrizarán y despegarán, su máximo por hora. Y estudios que analicen los efectos de desarrollo de la región. Todo lo que tengan y me puedan facilitar es bueno, quiero estar informado para cuando el Peje lo ponga a consulta pública. No quiero votar a lo pen…”.

Por lo anterior, AMLO debe cancelar una consulta inservible que costará mucho dinero realizar. A pesar de que haya prometido cancelar la obra del NAICM. El pueblo, que no es tonto, no se lo reclamará.

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La Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados tiene por objeto la protección de los datos personales en posesión de: “cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en los ámbitos federal, de las Entidades Federativas y municipal”.

Esta ley define a un dato personal como “cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable”.

Un dato personal que un sujeto obligado no puede hacer público sin el consentimiento de una persona es la dirección particular, a menos de que ésta pueda ser obtenida por medios que son públicos, como pueden ser un directorio telefónico, una base de datos o información que esté en el Internet.

Con base en lo anterior, es probable que el presidente Andrés Manuel López Obrador esté violando la ley al difundir en su conferencia de prensa fotografías de los edificios en donde supuestamente se ubican los domicilios particulares de algunos de los periodistas que lo critican constantemente. El lunes vimos cómo mostraba fotos de un edificio en donde aparentemente vive Carlos Loret de Mola.

Que yo recuerde, al tomar posesión de su cargo, AMLO juró “guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la República que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión”.

Los aludidos en la conferencia de prensa presidencial pueden, si creen que AMLO cometió un delito y pone en riesgo su seguridad al difundir sus datos personales, proceder legalmente contra él.

Y hablando de transparencia, el presidente dijo ayer en su conferencia de prensa que “La regla de oro de la democracia es la transparencia”, pese a que su gobierno ha ocultado más información pública de lo que hicieron algunos de sus antecesores y que en sus campañas electorales y desde que asumió la presidencia ha asegurado que su administración es más transparente que el más transparente cristal.

Los ejemplos abundan: el gobierno de la 4T declaró como reservados o confidenciales datos sobre el Tren Maya y el aeropuerto Felipe Ángeles, detalles de los contratos para la compra de vacunas anticovid, números reales de las muertes por COVID, las causas que ocasionaron la muerte de 14 personas por suministro de heparina sódica en el hospital regional de Pemex en Villahermosa (2020), la explosión del oleoducto en Tlahuelilpan, Hidalgo (2019), y pormenores de la frustrada captura del narco Ovidio Guzmán, en Culiacán (2019), entre otros.

Al asumir la presidencia, Andrés Manuel juró lo arriba anotado y concluyó ese juramento diciendo “y si así no lo hiciere que la nación me lo demande”.

Tarde o temprano, la nación se lo demandará porque “Sobre la Constitución nada. Sobre la Constitución, nadie”, como escribió José María Iglesias, un verdadero liberal juarista del siglo 19.

Twitter: @ruizhealy Facebook: Eduardo J Ruiz-Healy Instagram: ruizhealy

Sitio: ruizhealytimes.com

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Para combatir al hampa, el lavado de dinero y a los evasores fiscales, los gobernantes de los países desarrollados suelen manifestarse a favor de un mayor control sobre el movimiento de los capitales de personas y corporaciones. Es más, les exigen a las naciones subdesarrolladas que adopten leyes estrictas para combatir los delitos financieros.

Sin embargo, si nos atenemos a lo que señala el Índice de Secreto Financiero 2022 (ISF) elaborado y difundido ayer por la Red para la Justicia Fiscal (Tax Justice Network), una ONG británica basada en Londres, la mayoría de esos gobernantes son unos hipócritas porque ocho de los 10 países y territorios que más permiten la secrecía financiera de personas y corporaciones son desarrollados.

En su sitio fsi.taxjustice.net/es/, la Red explica que “El Índice de Secreto Financiero es una clasificación de las jurisdicciones que más favorecen que las personas oculten sus finanzas al Estado de derecho. El secreto financiero hace que el abuso fiscal sea viable, que el dinero sucio sea financiable y que los derechos humanos sean menoscabados. El índice identifica los mayores contribuidores al secreto financiero y destaca las leyes que los gobiernos pueden cambiar para reducir su contribución al secreto financiero”.

El ISF 2022 califica a los sistemas financieros y jurídicos de 141 países y territorios “en función a 20 indicadores de opacidad”. Los países y territorios se clasifican por su valor de ISF, que es una medida para saber en qué grado contribuye el gobierno de cada uno de ellos al secreto financiero.

Como lo anoté líneas arriba, son desarrollados ocho de las 10 entidades cuyos gobiernos más contribuyen al secreto financiero. Estos son los 10 (entre paréntesis anoto su valor ISF): Estados Unidos (1,951), Suiza (1,167), Singapur (1,167), Hong Kong (927), Luxemburgo (804), Japón (765), Alemania (681), Emiratos Árabes Unidos (648), Islas Vírgenes Británicas (621) y Guernsey (610).

Las siguientes 10 entidades también son, en su mayoría, desarrolladas: China (578), Países Bajos (556), Reino Unido (547), Islas Caimán (516), Chipre (510), Corea del Sur (499), Taiwán (482), Panamá (474), Jersey (459) y Catar (412).

En el ámbito de América, con un ISF de 139, México aparece en el lugar 82 del índice, debajo de Estados Unidos (1,951), Islas Vírgenes Británicas (621), Islas Caimán (516), Bahamas (385), Canadá (349), Guatemala (265), Bermuda (245), Anguilla (200), Barbados (177), Puerto Rico (176), San Cristóbal y Nieves (168), Venezuela (168), Uruguay (163), Chile (161) y Aruba (159); y arriba de Brasil (135), República Dominicana (126), Islas Vírgenes Estadounidenses (120), Curazao (117), El Salvador (107), Costa Rica (91), Perú (89), Colombia (88), Bolivia (87), Argentina (82), Belice (76), Ecuador (73), Paraguay (72), Turcas y Caicos (59), San Vicente y las Granadinas (53), Antigua y Barbuda (45), Dominica (44), Trinidad y Tobago (39), Granada (36) y Santa Lucía (33).

En lo que a los 20 indicadores de opacidad se refiere, nuestro país obtiene 100 puntos en seis de ellos, 98 puntos en uno, entre 50 y 53 puntos en cinco, 42 puntos en uno, entre 20 y 25 puntos en tres y cero puntos en cuatro. Nuestro gobierno tiene aún mucho por hacer para combatir la opacidad financiera.

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