El inmenso costo de la violencia

Es una lástima que los beneficios para México y los mexicanos que a corto, mediano y largo plazo dejarán la mayoría de...

13 de abril, 2018

Es una lástima que los beneficios para México y los mexicanos que a corto, mediano y largo plazo dejarán la mayoría de las reformas promovidas por el presidente Enrique Peña Nieto, no sean valorados por la mayoría de la población que está harta de tanta violencia, seguridad, corrupción e impunidad.

Peña Nieto, al igual que quienes lo antecedieron en el cargo no pudieron o quisieron acabar con el creciente poder del crimen organizado, con la corrupción que desde siempre ha existido y con la impunidad que han disfrutado quienes cometen todo tipo de delitos.

En otras columnas he comentado sobre estos asuntos y en este me referiré a lo que la violencia generada por el crimen organizado nos está costando, en pesos y centavos, a los mexicanos.

De acuerdo con el Índice de la Paz de México 2018 elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz, un laboratorio de ideas (think tank) basado en Sídney, con oficinas en la Ciudad de México, Nueva York y La Haya, y dado a conocer el miércoles pasado, la violencia nos costó el año pasado un dineral: 249,000 millones de dólares que equivalen a aproximadamente 4.5 billones de pesos.

Estos 249,000 millones equivalen a casi el 21% del producto nacional bruto (PIB) y a el 92.5% de los 5.3 billones que conforman el presupuesto del gobierno federal para este año.

El estudio determinó que el impacto económico de la violencia en México en 2017 fue “uno de los más altos del mundo” y fue siete veces mayor que el presupuesto de educación en ese año. “Una disminución del uno por ciento en el impacto económico de la violencia sería igual a la inversión del gobierno federal en actividades relacionadas con la ciencia, la tecnología y la innovación el año pasado”.

Además de las pérdidas económicas el estudio hace mención de las incuantificables vidas humanas que terminaron violetamente el año pasado. Con más de 29,000 asesinatos, 2017 fue el año más violento de los últimos 20 años.

El Índice de la Paz de México 2018 califica del 1 al 5 a cada estado de la República Mexicana, siendo 1 el más pacífico y 5 el más violento.

Así, los cinco estados más pacíficos del país son: Yucatán (1.167), Tlaxcala (1.381), Campeche (1.482), Coahuila (1.505) y Chiapas (1.572).

Los más violentos son: Baja California Sur (4.55), Guerrero (4.153), Baja California (3.951), Colima (3.64) y Zacatecas (3.306).

Hasta ahora, ningún candidato a la presidencia del país ha explicado, con lujo de detalles, como piensa hacerle para reducir la violencia que nos agobia. Todos prometen hasta lo imposible pero todos fallan cuando se trata de explicar el cómo, el qué, el con qué, el con quién.

Tristemente, la violencia seguirá costándonos billones de pesos en los años venideros. Ojalá me equivoque.

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Tal vez resulte innecesario analizar la iniciativa de Reforma Electoral que la semana pasada envió el presidente Andrés Manuel López Obrador a la Cámara de Diputados en vista de que los líderes de los legisladores de los cuatro partidos de oposición –MC, PAN, PRD y PRI– inmediatamente anunciaron que no la aprobarán.

Jorge Romero, Luis Espinosa Cházaro y Rubén Moreira, que son los coordinadores del PAN, PRD y PRI, respectivamente, informaron que presentarán por separado sus propias iniciativas de reforma electoral. Añadieron que los actuales no son los mejores tiempos para discutir la de AMLO si se considera que durante varios días él y morenistas, petistas y verdes de todo el país los calificaron de ser traidores a la patria.

El coordinador de los diputados de MC, Jorge Álvarez Máynez, dijo que la iniciativa representa una “vulgar provocación” del presidente.

A lo primero que se han opuesto los legisladores oposicionistas es a una de las principales propuestas de la iniciativa, que dice, entre otras cosas: “… transformar la institucionalidad electoral al suprimir al INE y crear en su lugar el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC) como autoridad electoral independiente…”.

En su iniciativa, Andrés Manuel explica por qué debe transformarse “la institucionalidad electoral”: “En los últimos años, los actos de estas autoridades se han caracterizado por su falta de apego a los principios de objetividad, independencia e imparcialidad que son propios de la función electoral. El punto culminante de esta crisis de autoridad fue el papel desempeñado por el INE y Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) durante el proceso de revocación de mandato”.

Lo que escribe AMLO en la iniciativa no podría estar más alejado de la verdad.

Primero, porque ignora el hecho de que varias encuestas muestran que el INE es una institución que goza de la confianza de un porcentaje mayoritario de los mexicanos.

Por ejemplo, la Encuesta Nacional de Cultura Cívica (ENCUCI) 2020, realizada por el INEGI del 17 de agosto al 18 de septiembre de 2020 en 25 113 viviendas del país, muestra que el 59.6% de las personas de 15 años o más le tienen mucha o algo de confianza al INE, solo debajo del Ejército y Marina y la Guardia Nacional, en quienes confían el 63.8% y el 60.5% respectivamente.

Es más, el porcentaje que en la encuesta obtiene el INE está por arriba del de la Presidencia de la República (52.5%) y muy por encima de los del Poder Legislativo (23.4% de las personas confía mucho o algo en los senadores y diputados federales y 23.0% en los diputados locales).

Segundo, porque responsabiliza al INE y al TEPJF del fracaso de la revocación de mandato cuando fueron él y los diputados de MORENA, PT y PVEM los que decidieron reducirle drásticamente el presupuesto para este año al INE a sabiendas de que debía realizarse esa consulta.

No todo lo que contiene la iniciativa de AMLO es malo. Es más, hay en ella propuestas muy interesantes y positivas.

Sin embargo, no vale la pena invertir tiempo para comentar lo positivo y negativo de la iniciativa mientras los diputados de la oposición se nieguen a discutirla. Veremos si cambian de opinión, lo cual ahora se ve difícil.

Twitter: @ruizhealy Facebook: Eduardo J Ruiz-Healy Instagram: ruizhealy

Sitio: ruizhealytimes.com

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El secretario de Hacienda Rogelio Ramírez de la O presentó ayer durante la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador el plan denominado Paquete contra la Inflación y la Carestía (PACIC), el cual consiste de 16 medidas.

La primera de las medidas es la que el gobierno denomina “estabilización de los precios de la gasolina y el diésel, precios de referencia del gas LP y electricidad”. Ramírez de la O explicó que esta “representa un esfuerzo del Gobierno Federal de 330 mil millones de pesos”, lo cual no es cierto si tomamos en cuenta que el 20 de abril pasado la jefa del Sistema de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro, dijo que “el costo (del subsidio a las gasolinas) va a ser de entre 350 mil y 400 mil millones de pesos” y que durante este año la Federación transferirá a la CFE por lo menos 73 mil millones de pesos por concepto de subsidios a las tarifas eléctricas. O sea, que el “esfuerzo del gobierno federal” es de por lo menos 473 mil millones más lo que se vaya acumulando conforme sigan aumentando los precios internacionales del petróleo y del gas, lo que indudablemente ocurrirá después de que también ayer la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció que propondrá prohibir el uso de todo el petróleo ruso en Europa.

El PACIC contiene medidas que harán que el gobierno federal deje de percibir cientos de miles de millones de pesos.

Una de ellas, la eliminación de la cuota compensatoria del sulfato de amonio importado de Estados Unidos y China, permitirá que entren a México miles de toneladas de este fertilizante a precios de dumping, lo cual no solo privará al gobierno de los ingresos provenientes de dicha cuota sino que pondrá en riesgo la supervivencia de algunos productores nacionales.

Otra, la de dejar en cero los aranceles a la importación de productos básicos e insumos representa una importante pérdida de ingresos para la tesorería nacional. Durante los próximos seis meses los introductores no pagarán un solo centavo al importar aceite de maíz, arroz palay, atún, carne de cerdo, carne de pollo, carne de res, cebolla, chile jalapeño, frijol, huevo, jabón de tocador, jitomate, leche, limón, manzana, naranja, pan de caja, papa, pasta para sopa, sardina, zanahoria, maíz blanco, sorgo, trigo y harinas de maíz y de trigo.

El PACIC incluye medidas que ya se están realizando como los precios de garantía para los pequeños productores de maíz, frijol, arroz y leche o los apoyos a DICONSA/LICONSA, y otras que impedirán el encarecimiento del transporte de materias primas y mercancías como son el no aumentar las tarifas en peajes de carreteras, la exención de la Carta Porte para básicos e insumos y el no incrementar las tarifas ferroviarias.

Unas medidas se ven de difícil implementación, como son lograr la reducción en costos y tiempo de despacho aduanal o agilizar el despacho de carga en puertos marítimos.

Algunas empresas anunciaron ayer que no aumentarán sus precios para ciertos productos de primera necesidad y habrá que ver otras medidas similares que se anuncien en los siguientes días.

La realidad es que el PACIC servirá de poco porque gran parte de la inflación que hoy afecta al país es importada vía alimentos, combustibles y otros productos.

La realidad es que el PACIC servirá de poco porque gran parte de la inflación que hoy afecta al país es importada vía alimentos, combustibles y otros productos. Twitter: @ruizhealy Facebook: Eduardo J Ruiz-Healy Instagram: ruizhealy

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