El cambio no llegará a Durango

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4 de mayo, 2017

26 gobernadores priistas tuvo Durango durante los 88 años que transcurrieron entre 1928 y 2016 hasta que en las elecciones del 5 de junio del año pasado resultó ganador José Rosas Aispuro Torres, el candidato de la alianza que conformaron el PAN, el PRD, el PT y Convergencia.

Esta fue la segunda vez que Rosas compitió por la gubernatura, ya que en 2010 fue candidato independiente después de renunciar al PRI, en el cual militó 30 años (1980-2010) y que le permitió ser, entre otras cosas, oficial mayor del gobierno de Durango (1992-94), dos veces diputado federal (1994-97 y 2006-09), presidente estatal del PRI (1995-98), diputado local (1998-2001) y presidente municipal de Durango (2001-04). Como otros lo han hecho, abandonó al PRI cuando no lo hizo candidato a la gubernatura.

En 2012 llegó al Senado como senador por primera minoría después de ser postulado por el PAN.

Al votar el primero domingo de junio de 2016, los ciudadanos de Durango olvidaron que el candidato panista sirvió y obedeció a los cinco priistas que gobernaron Durango de 1980 a 2010.

De los supuestos actos ilícitos y abusos de poder de estos ex gobernadores se ha escrito bastante y se han hecho públicas varias denuncias en su contra, pero, como ha sido la norma, la impunidad ha prevalecido en todos los casos y el PRI los ha protegido después de que dejaron el cargo. Como priista, Rosas Aispuro nunca manifestó su desacuerdo con ellos o sus probables acciones ilegales.

Rosas Aispuro asumió el cargo el pasado 15 de septiembre y desde entonces las tasas para algunos delitos han aumentado a niveles que ya deben preocupar a los duranguenses.




El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Publica informa que en el período enero-marzo de este año, la tasa de secuestros aumentó 500%, el incremento más alto del país, a 0.33 por cada 100,000 habitantes, arriba del promedio nacional de 0.24; la tasa de delitos patrimoniales subió 7.3%, a 92.0, más del doble del promedio nacional de 45.0; la de delitos sexuales subió 22.2%, a 3.1, arriba del promedio nacional de 2.5%, la de lesiones se incrementó 25.6%, a 62.7, la más alta del país y superior al 35.9 nacional. La tasa total de delitos aumentó 23.9%, a 159.0, arriba del promedio nacional de 137.2.

En junio del año pasado los duranguenses votaron por el cambio. Hoy es evidente que se equivocaron rotundamente si creían que en José Rosas Aispuro iban a encontrar un gobernador diferente a los 26 anteriores.

Como van las cosas, el cambio no llegará con quien durante 30 años fue priista de la vieja escuela.

Comentarios
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Esta es una pregunta que debemos hacernos porque ya son varias las leyes promovidas por el presidente Andrés Manuel López Obrador o sus obedientes legisladores de MORENA y sus partidos satélites que, después de ser aprobadas en la Cámara de Diputados y el Senado, no pueden entrar en vigor porque un juez, un tribunal colegiado o la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinan que parte de su contenido es violatorio de uno o más artículos constitucionales. Y debemos hacérnosla porque tanto en la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, que dirige Julio Scherer Ibarra, como en las direcciones jurídicas de las secretarías de Estado y las principales dependencias del gobierno federal hay abogados que fácilmente pueden darse cuenta de cómo algunas de las iniciativas de ley que le envía el Ejecutivo al Legislativo contravienen de diversas maneras lo que mandata la Constitución. Hay varias respuestas que se me ocurren a la pregunta. Los abogados que trabajan para el gobierno federal: 1) no se atreven a decirle al presidente que sus iniciativas contienen elementos anticonstitucionales; o 2) deciden enviarlas al Congreso con la esperanza de que luego de ser aprobadas nadie las impugne ante los tribunales y entren en vigor; o 3) las someten al Congreso esperando que, luego de ser aprobadas, sean impugnadas y frenadas por un juez o una mayoría de los magistrados que integran un tribunal federal o de ministros de la SCJN. De ser lo primero, los abogados están fallándole al pueblo que les paga sus sueldos y, peor aún, están rompiendo su juramento de guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanan. De ser lo segundo, además de fallarle al pueblo y romper su juramento, están actuando activamente con el fin de socavar a la misma Constitución. 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¿Por qué renegó AMLO de una promesa que hizo pública y reiteradamente?

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