Con ACME o sin ACME… seguiremos igual

¡Bienvenidos todos a la era post TLCAN! ¡Bienvenidos todos a la era post TLCAN! Bienvenidos a la era ACME, en la cual, ahora sí, la mayoría de los mexicanos nos beneficiaremos gracias al acuerdo comercial recién negociado...

29 de agosto, 2018 speedy-gonzalez-acme

¡Bienvenidos todos a la era post TLCAN!

¡Bienvenidos todos a la era post TLCAN! Bienvenidos a la era ACME, en la cual, ahora sí, la mayoría de los mexicanos nos beneficiaremos gracias al acuerdo comercial recién negociado entre los gobiernos de México y Estados Unidos. Por lo menos eso es lo que nos asegura el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, tal como nos los aseguró el de Carlos Salinas de Gortari cuando en junio de 1990 anunció que nuestro país, Estados Unidos y Canadá negociarían un tratado de libre comercio.

Hace 28 años los altos funcionarios salinistas nos aseguraron que dicho beneficiaría mucho a la población, que los sueldos se incrementarían sensiblemente, que el crédito se ampliaría a un gran porcentaje de los mexicanos, que sería más fácil ser un emprendedor, que los beneficios económicos para todos serían extraordinarios.

Desafortunadamente, nunca se cumplieron las promesas que nos hicieron Salinas y sus socios. La prosperidad generalizada no llegó, innumerables empresas mexicanas quebraron, industrias completas fueron eliminadas, la productividad no y los salarios no aumentaron significativamente.

Afortunadamente, para los consumidores que podían pagarlos, los productos Made in the USA, de mejor calidad y menor precio, substituyeron a productos mal hechos en México que se vendían a precios estratosféricos. También se crearon miles y miles de empleos que, aunque mal pagados, tal vez nunca se hubieran generado sin el TLCAN. Y, muy importante, se abrieron las puertas del inmenso mercado estadounidense para una gran cantidad de productos mexicanos, los fabricara una empresa nacional o la filial de alguna corporación extranjera asentada en México.

Diversos datos indican que México está muy lejos de alcanzar los altos niveles de desarrollo que se nos prometieron hace 28 años. He aquí algunos:




El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEGI) reportó ayer que el 56.5% de la población económicamente activa trabaja en el sector informal de la economía.

De acuerdo con el Banco Mundial, 34.8% de los mexicanos sobrevive con un ingreso de 5.50 dólares (aproximadamente 102 pesos) diarios o menos.

Al comparar a 137 países, el Foro Económico Mundial colca a México en el lugar 102 en lo que a la calidad de su educación se refiere y en el 117 en cuanto a la calidad de la educación en matemáticas y ciencias.

El mismo Foro, al calificar la calidad aeroportuaria y la de la red ferroviaria, coloca a México en las posiciones 67 y 65, respectivamente, de entre 137 países.

Según la calificadora de universidades QS, solo dos universidades mexicanas se encuentran entre las mejores 400 del mundo: la UNAM, en el lugar 113, y el Tec de Monterrey, en el 178.

Si el TLCAN hubiera satisfecho lo que se nos prometió hace casi tres décadas, estos números serían muy diferentes.  México sería un país menos pobre y atrasado.

Por eso, con ACME o sin ACME, las cosas seguirán igual para la mayoría de los mexicanos.

Comentarios
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Esta es una pregunta que debemos hacernos porque ya son varias las leyes promovidas por el presidente Andrés Manuel López Obrador o sus obedientes legisladores de MORENA y sus partidos satélites que, después de ser aprobadas en la Cámara de Diputados y el Senado, no pueden entrar en vigor porque un juez, un tribunal colegiado o la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinan que parte de su contenido es violatorio de uno o más artículos constitucionales. Y debemos hacérnosla porque tanto en la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, que dirige Julio Scherer Ibarra, como en las direcciones jurídicas de las secretarías de Estado y las principales dependencias del gobierno federal hay abogados que fácilmente pueden darse cuenta de cómo algunas de las iniciativas de ley que le envía el Ejecutivo al Legislativo contravienen de diversas maneras lo que mandata la Constitución. Hay varias respuestas que se me ocurren a la pregunta. Los abogados que trabajan para el gobierno federal: 1) no se atreven a decirle al presidente que sus iniciativas contienen elementos anticonstitucionales; o 2) deciden enviarlas al Congreso con la esperanza de que luego de ser aprobadas nadie las impugne ante los tribunales y entren en vigor; o 3) las someten al Congreso esperando que, luego de ser aprobadas, sean impugnadas y frenadas por un juez o una mayoría de los magistrados que integran un tribunal federal o de ministros de la SCJN. De ser lo primero, los abogados están fallándole al pueblo que les paga sus sueldos y, peor aún, están rompiendo su juramento de guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanan. De ser lo segundo, además de fallarle al pueblo y romper su juramento, están actuando activamente con el fin de socavar a la misma Constitución. 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