Dos locos con suerte, ¿Fox detendrá y acabará con el Peje López?

Reculó con el desafuero al Peje en el 2005.

22 de junio, 2017
  • Reculó con el desafuero al Peje en el 2005

Nuevamente Vicente Fox y el Peje López se enfrentan, en lo que bien puede titularse “Dos locos con suerte”, derivado del comportamiento y acciones de ambos, que a pesar de ello, siguen como si nada hubiere pasado. Vicente Fox, con un sexenio con más pena que gloria, el Peje igual en sus 4 años 8 meses como jefe de gobierno de la ciudad de México y su eterna campaña tratando de cumplir con su obsesión de ser Presidente de México.

Durante los periodos de ambos, tuvieron enfrentamientos y estos continúan en la actualidad derivado de que Vicente Fox, afirmó que se encargará de que Andrés Manuel López Obrador no llegue a la Presidencia en 2018, señalando que si no es el pueblo, el se va a encargar personalmente que ese cuate no llegue. Así lo señaló al cuando se le preguntó sobre si había riesgo para 2018 de que el populismo entre a México, y aunque no mencionó al tabasqueño por su nombre el comentario fue directo al Peje. 


Asimismo al cuestionarle cómo lo detendrá, respondió que él tiene sus mañas, que sus mañas son democráticas, con estrategia, denuncia, desnudando al falso profeta, hablándole a los mexicanos de los riesgos que corremos, hay estrategia y lo vamos a hacer”. 


Obviamente el Peje López le contestó, que deberían de avergonzarse quienes votaron por Vicente Fox “el demócrata” como lo llamó irónicamente, porque en el 2000, prometió que iba a haber un cambio, pero nunca lo hubo y recordó que recientemente Fox declaró que no va a permitir y va a utilizar todas sus mañas para impedir que haya un cambio en el 2018.

Pero este enfrentamiento que dará muchas declaraciones de ambos, se puede entender más si recordamos que Vicente Fox y el Peje mantienen una animadversión personal desde Fox era Presidente y el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, entre 2000 y 2006. Siendo su principal confrontación, cuando el Gobierno federal desaforó al Peje por intentar construir obra pública en un terreno en litigio. Importante es conocer como se llegó a este punto y analizar si ahora si podrá Fox detener al Peje.

El desafuero al Peje, se llevó a cabo entre el 2004 y el 2005. Iniciando al responsabilizar al gobierno del D. F. de violar una orden judicial que exigía la suspensión de la construcción de una calle en un terreno expropiado años atrás por gobiernos anteriores. Aunque los trabajos fueron suspendidos, se alegó que el cumplimiento de la orden había sido dilatorio y se responsabilizó directamente al Peje López por ello.




El 9 de noviembre de 2000, Rosario Robles, su precursor en el cargo, expropió una parte de un terreno más grande llamada El Encino, en Santa Fe, Delegación Cuajimalpa, para construir una vía de acceso para un hospital privado. El 11 de marzo de 2001, el propietario del terreno presentó una demanda en contra del gobierno del Distrito Federal por expropiación incorrecta, promoviendo un amparo para evitarla. Concediéndosele una orden judicial federal que salvo la construcción adicional hasta que el asunto fuera aclarado definitivamente. De acuerdo a los afectados, el Peje López desobedeció con conocimiento esta orden varias veces.

Como jefe de gobierno del DF tenía inmunidad jurídica (fuero parlamentario) no podía ser sujeto a un proceso administrativo o penal a menos que el Congreso de la Unión, por alguna excepción, decidiera retirárselo. El gobierno federal encabezado por Vicente Fox solicitó, por medio de la Procuraduría General de la República, un juicio de desafuero al Congreso de la Unión, para que el Peje López respondiera ante la justicia por sus presuntas responsabilidades. Esta acción motivó mucha polémica. Había diversas opiniones, como que el proceso de desafuero era una maniobra política para eliminar la posibilidad que el Peje López fuera candidato a la presidencia de la república en 2006, dado que, aún si se lo declaraba inocente, no tendría posibilidad de registrarse como candidato mientras durase el proceso, que se veía, sería largo.

En el 2004 el gobierno federal encabezado por Vicente Fox solicitó, por medio de la Procuraduría General de la República, un juicio de desafuero al Congreso de la Unión, para que el Peje López respondiese ante la justicia por sus presuntas responsabilidades.

En enero del 2005, el Procurador General de la República envía el caso al congreso para la evaluación. El 1 de abril de 2005 un subcomité formado por cuatro diputados, permitió el voto del desafuero completo en la cámara de diputados, lo que se ejecutó seis días más tarde.

Después de una larga sesión en la cual López Obrador acusó a Fox de estar detrás del proceso, el 7 de abril, la cámara de diputados votó para quitarle el fuero por 360 a favor 127 en contra, dos abstenciones y el PRD, partido del Peje López, unánimemente en contra de la resolución. Obviamente las discusiones contra el desafuero vinieron del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y otros miembros y militantes de la izquierda política mexicana. Al interior del PRI A se presentó cierta resistencia, como el caso del entonces diputado federal Roberto Campa Cifrián que declaró; “El origen de todo esto no es que López Obrador sea un delincuente, sino que es un candidato peligroso, que nos va a ganar”. A la sesión solo fueron 488 de los 500 diputados.

Después del voto de los diputados, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, debía votar sobre el desafuero. Pero los diputados federales discutieron que el Congreso fuese el cuerpo apropiado para considerar dicho proceso. El Tribunal Supremo acordó considerar ambas súplicas, permitiendo que López Obrador siguiera siendo jefe de gobierno mientras continuaba el proceso.

El 8 de abril de 2005, el Peje López abandonó su oficina. Asumiendo el manejo del gobierno Alejandro Encinas. Consumado el desafuero se llevaron a cabo manifestaciones populares en rechazo. En el 2005 el Peje López encabezó diversas formas de protesta contra el desafuero, marchas y diversos actos políticos respaldado por su partido, el PRD. El Peje López manejó una estrategia en Medios de Comunicación para buscar contrarrestar, haciendo uso de hechos pasados como Tlatelolco en 1968 y a los escándalos financieros (1994-1995) denunciando que no se llevó a los responsables directos frente a la justicia, porque el Estado les protegió. De igual manera se comparaba con Francisco I. Madero, candidato político en 1910 quién fue encarcelado por el dictador Porfirio Díaz, volviéndose eventualmente líder de la revolución mexicana y el presidente siguiente. Asimismo declaraba que su proceso era un diagrama político orquestado por, entre otros políticos superiores, el presidente anterior Carlos Salinas de Gortari, el presidente Fox y el candidato presidencial, Santiago Creel.

El 20 de abril de 2005 el Ministerio Público Federal (MPF) fijó una fianza de 2000 pesos (unos 180 dólares), que fue pagada, sin conocimiento ni consentimiento del Peje por dos diputados locales del PAN en la Asamblea Legislativa, Gabriela Cuevas y Jorge Lara. Quienes informaron que la pagaron de buena fe y para impedir que López Obrador se hiciera “la víctima”. Para el Peje el pago fue un “acto cobarde” y rechazó aceptarlo porque vino de las manos de los que promovieron el desafuero.

El 24 de abril hubo una reunión en apoyo de López Obrador en el Zócalo en Ciudad de México, comentándose que fue financiada con fondos del gobierno de la ciudad. A partir de entonces el Peje López inició una campaña que denominó de “resistencia civil” contra su posible marginación de la elección presidencial. Declarando que se trataba de una estrategia del gobierno federal para bloquear su candidatura, en días posteriores continuaron las masivas movilizaciones en su apoyo.

El 27 de abril, Vicente Fox anunció cambios en su gabinete incluyendo al Procurador General de la República, Rafael Macedo de la Concha, y una nueva evaluación del caso legal en contra de López Obrador, proponiendo una enmienda constitucional por las que los derechos civiles no se suspenden hasta que encuentren a un ciudadano culpable.

Designándose a un nuevo Procurador General de la República a Daniel Francisco Cabeza de Vaca, cuya oficina el 4 de mayo de 2005 anunció que descartaba los cargos contra López Obrador por un tecnicismo. Declarando, que él (Peje López) era culpable pero solamente como jefe de gobierno. La ley tenía solamente previsiones para los gobernadores o el presidente municipal. Y el Peje no era ni uno ni otro. Por lo tanto, la fraseología del artículo relevante hacía confuso establecer si existía una pena para su delito.

El aviso fue refutado por los expertos del derecho penal, afirmando que había precedentes legales de una pena clara. Por otra parte, demandaron que el Procurador General de la República no puede declarar culpabilidad ni inocencia, y menos interpretar la ley. De tal modo, el Procurador General de la República no podría archivar los cargos debido a la naturaleza de la ofensa, de modo que el proceso siguió adelante.

En enero de 2006, Marisela Morales, funcionaria del Procurador General de la República directamente a cargo del caso desde el principio, dejó su puesto en la unidad responsable de procesar los crímenes confiados por los oficiales del gobierno. Por su salida, sustituyeron a todos los funcionarios de alto nivel a cargo del caso, pero la oficina del Procurador General de la República indicó, poco después del discurso de Azuela en diciembre, que los cargos contra López Obrador seguían estando pendientes.

El artículo 111 de la Constitución de México indica que la mayoría de los funcionarios elegidos de alto nivel no pueden ser procesados por las ofensas criminales mientras sea legislador sin mayoría de votos de la Cámara de Diputados e indiquen que hay argumentos para el procesamiento. Este privilegio se confunde generalmente con la libertad de la protección de discurso concedida a los miembros del congreso por el artículo 61, conocidos como fuero (de la palabra forum en latín); a este proceso se le conoce como desafuero. Puesto que la inmunidad del procesamiento criminal se confunde casi universal con el fuero, ambos términos son utilizados indistintamente.

Si la Cámara de Diputados vota en negativa, el procesamiento puede ocurrir cuando el funcionario deje su puesto, pues los diputados no votan sobre la acusación sino solamente si entienden que hay una creencia razonable que el crimen fue perpetrado. Si votan a favor, el funcionario puede ser procesado. Una ley secundaria indica que en este caso el funcionario pierde su oficina inmediatamente. La constitución asigna que por mandato los gobernadores del estado están sujetos a los congresos de sus respectivos estados; en este caso el Distrito Federal no es un estado.

Quien está en proceso criminal tiene sus derechos políticos suspendidos (artículo 38) así que no puede ejercer su derecho o presentarse a alguna candidatura, por lo menos temporalmente. El sistema legislativo no había sido probado en casos como este, y el caso especial del Distrito Federal, que no es un estado, conduce todas las alegaciones y controversias legales al Tribunal Supremo.

Finalmente, a pesar de tanto escándalo, Vicente Fox, siendo Presidente de México reculó en el desafuero. Por ello pregunto, ¿logrará ahora acabar o detener al Peje? Usted qué piensa estimado lector. 

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Reculó con el desafuero al Peje en el 2005.

enero 1, 1970

Reculó con el desafuero al Peje en el 2005.

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