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Segunda vuelta electoral

Martes, 02 de Agosto 2016 - 17:30

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Guillermo Vázquez Handall

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La crisis política que México experimenta, independientemente de las razones que la han provocado, está propiciando un aumento exponencial de la competencia política al grado tal que el candidato que se convierta en el próximo presidente de la República podría ganar la elección con alrededor del 25 por ciento de los sufragios.

Las mediciones más recientes, aun y cuando su margen de confianza se haya vuelto tan escaso, señalan que la disputa por las preferencias de cara a los comicios del 2018 rondan en ese parámetro, y de hecho casi en igualdad de porcentaje entre las tres principales fuerzas políticas.

Como resultado de ese diagnóstico, cabe mencionar que las perspectivas se contemplan con base en el posicionamiento de los partidos y las eventuales alianzas que éstos podrían conformar entre sí, aún sin contar con candidatos definidos, sólo con excepción de Morena, que ya lo tiene en la figura de López Obrador.

Sin embargo y más allá de esta evaluación, que se justifica en establecer el escenario vigente y sus eventuales aristas, el punto de inflexión no radica esencialmente en cuál partido, coalición o candidato llegarán con mayor o menor ventaja a la elección presidencial, la importancia de la coyuntura ya no radica en ese pronóstico como tal.

Lo es el hecho casi irrefutable de que las diferencias entre los contendientes y sus simpatizantes serán muy reducidas y que ello provocará una conclusión muy enmarañada, que no le otorgará al ganador una victoria de genuina mayoría.

Dadas las circunstancias por las que atraviesa el país, el clima que infiere en el ánimo social, un triunfo apretado y más aún menor al 50 por ciento de la votación, podrá ser legal pero de ninguna manera suficiente.

No se trata de pretender que el margen imponga una superioridad moral, pero una ventaja en estas condiciones no implica una hegemonía susceptible de entenderse como mayoritaria y por consecuencia pone en entredicho su legitimidad.

Este posible desenlace favorecería un ambiente de ingobernabilidad muchísimo mayor al que hoy de alguna manera se percibe, con todo y que el presidente Peña Nieto obtuvo en su oportunidad el triunfo con el 38 por ciento de los votos.

Esto quiere decir que, más menos, sólo tres de cada 10 diez de los mexicanos que votaron lo hicieron por el candidato del PRI, cifra que se exponencia aún más si se toman en cuenta a los que no votaron.

Visto así, la discusión debería transcurrir en la necesidad de impulsar reformas constitucionales que contemplen la denominada segunda vuelta electoral, toda vez que por su formato, se convierte en un filtro que privilegia la decisión ciudadana.

Al ser un tamiz la segunda vuelta puede reducir considerablemente el margen de segmentación, eso le otorgaría al ciudadano una segunda oportunidad para definir la intención de su sufragio, ya sea para reafirmarlo o cambiarlo.

Con ello se fomentaría un mayor consenso al menos en principio, lo que derivaría en que el gobierno entrante pudiera iniciar su administración con un margen de maniobra más adecuado, sin la polarización que hoy evidentemente es un negativo.

Una victoria con una ventaja más amplia, más allá del aspecto de la legalidad de la misma, se hace legitima y con ello el respaldo ciudadano, limita la tendencia de los grupos perdedores o de los radicales, para efectos de obstruir al gobierno.

De todas formas, la segundas vueltas no garantizan que quien resulte ser el vencedor de las elecciones necesariamente vaya a dirigir un buen gobierno, mucho menos que una vez en el poder no desilusione a quienes optaron por esa opción; Sobre todo si se considera que la mayor parte de los votantes no forma parte de los partidos, pero necesariamente tienen que escoger solamente a uno.

Adicionalmente, los otros grandes efectos positivos de las segundas vueltas se circunscriben a que limitan considerablemente las llamadas elecciones de estado, en las cuales el partido en el poder puede disponer de recursos y medios oficiales para influir en la votación a través de elementos como la publicidad en sus diversas vertientes, la repartición de utilitarios, despensas, o la utilización propagandística de las encuestas.

O en su caso a través de incitar al abstencionismo apostando al activo que representa el denominado voto duro, que en una segunda vuelta sería insuficiente.

Lamentablemente estos conceptos atentan en contra de las prebendas de la clase política dominante sin distingo; la segunda vuelta pondría en entredicho el predominio que ejercen sobre la sociedad y por ello sus miembros no están interesados en ponerla en práctica.

Tendría que ser la misma sociedad quien lo exija, aunque como ya se vio de manera extraordinaria en el caso del combate a la corrupción, eso no garantice el mejor desenlace ni resultado.

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Número 22 - Octubre 2018
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