Regulando el cabildeo en México

El pasado 11 de octubre, el senador de Morena, Ricardo Monreal, presentó una iniciativa que busca regular el cabildeo en México. Esta coyuntura abre la...

24 de octubre, 2018

El pasado 11 de octubre, el senador de Morena, Ricardo Monreal, presentó una iniciativa que busca regular el cabildeo en México. Esta coyuntura abre la oportunidad para poner a debate cuáles son los límites que una actividad como ésta debe tener.  En este sentido, el día de hoy se explorará este concepto, sus ventajas y desventajas, así como cuáles son las principales áreas de oportunidad en México respecto a las mejores prácticas internacionales.

El cabildeo y sus controversias

Si bien en la actualidad no existe un consenso sobre qué es cabildeo, a grandes rasgos, se refiere al intento por parte de grupos de interés o individuos de influir en las decisiones gubernamentales a través de los miembros del poder legislativo.

Es importante señalar que, por su misma naturaleza, el cabildeo resulta una actividad controvertida. Por un lado, permite a los legisladores acceder a información y a la opinión de expertos en temas cuya naturaleza es complicada o técnica. Igualmente, los acerca directamente a las opiniones y perspectivas de aquellos grupos o individuos que podrían ser afectados por las decisiones que toman.

Por otra parte, el cabildeo pone en riesgo diferentes principios de la democracia como la igualdad de los ciudadanos, al favorecer que unos sean escuchados y otros no. Así mismo, se identifica un problema de transparencia y la rendición de cuentas, ya que los tomadores de decisión fallan en explicar y transparentar la razón de sus decisiones a todos los ciudadanos.  En otras palabras, de acuerdo a Fundar, el cabildeo puede representar la manipulación de la autoridad pública a favor de intereses privados que pueden ser contrarios al interés público.

En este tenor, cabe mencionar que existe una delgada línea entre los actos de corrupción y el cabildeo. Por ejemplo, los cabilderos al otorgar dádivas o pagos en efectivo a los legisladores, se aseguran que éstos últimos respondan más a sus intereses que a los del resto de la ciudadanía.

¿Cómo debe regularse?

Es evidente que, al contrario que otras actividades de interés privado, el cabildeo trasciende esta esfera e interfiere directamente con los asuntos públicos; razón por la cual deben existir instrumentos legales que busquen evitar que los cabilderos tengan grados inapropiados de influencia que pongan en entredicho la legitimidad de las decisiones gubernamentales. En este sentido, de acuerdo a la OCDE algunos puntos fundamentales que deben considerarse para regular esta actividad son los siguientes:

Definición clara. Se debe establecer, sin ambigüedades, quien se considera que ejerce esta actividad para asegurarse que la ley pueda aplicarse exitosamente. Además, entre mayor claridad, se evitará que los ciudadanos pierdan la libertad de exigir transparencia, rendición de cuentas, o ejercer el derecho de petición, sin sentir que están violando la ley.
Transparencia.  Debe existir un registro accesible de forma digital de quienes se dedican a esta actividad. Además, se debe poner a disposición del público quienes son sus clientes, algunas de sus actividades financieras y las industrias en las que están interesados.
Regulación del sector gubernamental. Es decir, no basta con regular la actividad del cabildero sino también de los propios servidores públicos. En este sentido se debe evitar, por un lado, la puerta “revolvente”, es decir, que legisladores o servidores públicos después de su encargo pasen a negocios que ellos mismos regularon o viceversa, que individuos de estos negocios, pasen a formar parte del gobierno. Por otra parte, se deben publicar cuáles son sus conflictos de interés, al igual su situación financiera y patrimonial así como de sus cercanos.   
Reportes periódicos. Estos deben publicarse tanto por parte de los cabilderos como de los servidores públicos para conocer con quienes se han reunido y así poder rastrear sus actividades.
Sistemas de sanciones.  En otras palabras, no basta con establecer cuáles son las conductas que se consideran inapropiadas, como aquellas ligadas a la corrupción, sino que debe existir un arreglo institucional que tenga autoridades con suficiente independencia y capacidad que se aseguren de que la regulación y las sanciones sean efectivamente aplicadas.

Además, la OECD sugiere que este tipo de regulación no esté desconectada del resto, es decir, que se encuentre acorde con el conjunto de leyes que fomentan una buena gobernanza como lo son la de acceso a la información, la de partidos políticos, la de financiamiento de campañas, las de participación ciudadana o la de responsabilidades administrativas y penales, por mencionar sólo algunas. De igual forma, recomienda que las asociaciones de cabilderos establezcan códigos de integridad entre sus miembros.

¿Qué sucede en México y qué propone Morena?

En México fue hasta el año 2010 que la figura del cabildeo se incluyó en los reglamentos de la Cámara de Senadores y de Diputados a nivel federal. No obstante, estos no son completos y carecen de varios de los elementos que señala la OCDE.  Por una parte, en ambos se establece una definición sobre quiénes se consideran realizan esta actividad y se prohíbe el recibimiento de dádivas. Por otra parte, aunque en la Cámara de Diputados sí se establece un registro, en la del Senado no existe.  Además, en los dos casos no queda  del todo claro quién será el encargado de aplicar las sanciones en caso de actos irregulares.  Para el año 2014, la OCDE señalaba que se desconocía el impacto que estos reglamentos habían tenido ya que nunca se habían evaluado.

En este tenor, la iniciativa de Morena busca establecer definiciones claras sobre lo que es cabildeo, la creación de estándares para el registro de cabilderos, la creación de códigos de ética y la regulación de la “puerta revolvente”. Se incluye también la presentación de informes trimestrales o semestrales por parte de cabilderos y legisladores, aunque no se especifica quién verificará que estas hagan match ni qué consecuencias existen cuando esto no suceda. Igualmente, en la ley, se crean sanciones por conductas irregulares y multas por su incumplimiento, sin embargo, queda vagamente establecido quién será la autoridad encargada de hacerlas valer.

Por último, no sobra señalar que a  nivel estatal se considera que la regulación de esta actividad aún es débil, además que muchas de las políticas de transparencia y rendición de cuentas son poco efectivas, por lo que sería oportuno que los legisladores locales aprovecharan la coyuntura para mejorar este tema en sus respectivas entidades.   

    

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