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Lavado de dinero en México

Martes, 26 de Enero 2016 - 18:00

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Liliana Alvarado Baena

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Ante los recientes escándalos del exgobernador de Coahuila y exdirigente del PRI, Humberto Moreira, sumado al protagonizado por Kate del Castillo en su probable participación en actividades ilícitas con “El Chapo” Guzmán, resulta acertado analizar el problema del lavado de dinero en México y las implicaciones que tiene para el país.

Alcances del delito

Se considera que un individuo delinque por lavado de dinero cuando:

…adquiere, enajene, administre, custodie, posea, cambie, convierta, deposite, retire, de o reciba por cualquier motivo, invierta, traspase, transporte o transfiera, dentro del territorio nacional, de este hacia el extranjero o a la inversa, recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, cuando tenga conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita.[1]

En síntesis, el lavado de dinero consiste en “limpiar” dinero que proviene de actividades ilícitas al ingresarlo al sistema financiero y así ocultar su procedencia.[2] El problema es global aunque afecta a unos más que a otros. El Basel Institute on Governance[3] publica desde 2012 un Índice de riesgo por país sobre lavado de dinero. Mediante 14 indicadores se mide la vulnerabilidad de 152 países frente a este delito y al financiamiento del terrorismo. En su edición 2015, México ocupa el lugar 97 de 152 (el mejor) en cuanto al riesgo de lavado de dinero con una calificación de 5.24. El mejor calificado es Finlandia (2.53), seguido por Estonia (3.19), mientras que los peores son Irán (8.59) y Afganistán (8.24).

En México, en 2013 se hizo obligatorio con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (Ley Antilavado) que los empresarios identifiquen a sus clientes y reporten cualquier transacción sospechosa. Lo anterior, ha derivado, entre la fecha de emisión de la ley y mayo 2015, en una alerta cada 15 minutos. La responsabilidad principal recae en la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SHCP[4] quien, en lo que va del sexenio de EPN, ha logrado bloquear al menos 2,000 mdp,[5] monto que resulta menor contra el promedio estimado en 123,087 mdp anuales que se blanquearon entre 1993 y 2008[6].

Gráfica. Lavado de dinero nacional (mdp). 1993-2008

captura_de_pantalla_2016-01-28_11.42.59.pngFuente: Elaboración propia con base en Leyva Pedrosa, 2013[7]

En el periodo 2006-2014, las entidades federativas que más averiguaciones previas por blanqueo de capitales han iniciado fueron:

  • Sinaloa (396),
  • Baja California (203), y
  • Sonora (176)

En contraste, las entidades federativas que menos averiguaciones previas han reportado son:

  • Nayarit (4),
  • Baja California Sur y Tlaxcala (5), y
  • Durango e Hidalgo (6),[8]

A pesar de ser un número considerable de reportes, la justicia resulta ineficaz, pues se estima que durante el periodo 2004-2007, por cada 100 mil operaciones reportadas a la UIF por el delito de lavado de dinero. [9]

  • 2.61 reportes derivaron en una denuncia formal por parte de la SHCP ante la PGR,
  • únicamente 0.43 terminaron en averiguaciones previas, y
  • sólo 0.12, en sentencia condenatoria.

Los perpetradores

Generalmente se cree que únicamente el crimen organizado comete estos delitos, lo que desafortunadamente no es cierto y varias figuras públicas han sido juzgadas por ello.

Ante la incapacidad de Humberto Moreira, expresidente del PRI, de justificar la procedencia de 218,000 dólares durante su estancia en Barcelona,[10] las autoridades españolas lo detuvieron recientemente por saquear fondos públicos, lavado de dinero, organización criminal, malversación de recursos públicos y cohecho. Adicionalmente, no se debe olvidar que la deuda de Coahuila pasó en tan sólo seis años (2005-2011) de 323 mdp a 36,510 mdp lo que representa un incremento del 11,422%.[11] Aun cuando Moreira salió el pasado viernes bajo libertad provisional, el caso se sigue investigando.

Otra figura pública, Kate del Castillo, es investigada por la PGR para verificar si recibió recursos financieros del Chapo Guzmán para elaborar industrialmente su marca de tequila “Honor del Castillo”. [12] Además, se indagará si el capo entregó dinero para realizar una película autobiográfica.[13]

No hay que olvidar que la ex líder sindical de los maestros, Elba Esther Gordillo fue acusada por presuntamente lavar 1,978 mdp[14], aunque se duda si la malversación de fondos sindicales para beneficios propios pueda considerarse lavado de dinero ya que los recursos no provienen de la ganancia derivada de la comisión de un delito. [15]

Conclusión

Los datos muestran que las acciones para combatir el lavado de dinero son insuficientes, pareciera que a pesar que la SHCP cumple con sus funciones, el poder judicial no está cumpliendo con las suyas. El crimen organizado no se ve afectado por que sus líderes sean presos. Mientras sus activos financieros y físicos sigan disponibles para su uso a pesar de provenir de actividades ilícitas, la estructura criminal no se verá afectada.


[1]Artículo 400 Bis del Código Penal Federal, publicado en el DOF. Disponible en http://info4.juridicas.unam.mx/ijure/fed/8/494.htm?s=.

[2] Juan Pablo Aguirre Quezada, Lavado de dinero en México: alcances y retos pendientes, Instituto Belisario Domínguez, Cuaderno No.13, abril 2015. Disponible en http://www.culturadelalegalidad.org.mx/recursos/Contenidos/ArtculosdeIntersGeneral/documentos/261634444-Lavado-de-Dinero-en-Mexico-Alcances-y-Retos-Pendientes-2015.pdf

[4] Atribuciones de la Unidad de Inteligencia Financiera Disponible en http://www.hacienda.gob.mx/inteligencia_financiera/LFPIORPI/Documents/Facultades%20UIF%20RISHCP.pdf

[6] Ernesto C. Leyva Pedroza, Lavado de dinero en México. Estimación de su magnitud y análisis de su combate a través de la inteligencia financiera, Revista Internacional de Estadística y Geografía, Vol.4, Num.2, mayo-agosto 2013. Disponible en http://www.inegi.org.mx/RDE/RDE_09/RDE_09_Art1.html 

[7] Ibid, Leyva Pedroza

[8] Ibid, Instituto Belisario Domínguez

[9] Ibid, Leyva Pedroza.

[11] Periódico Reforma, 20 de enero de 2016

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Número 22 - Octubre 2018
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