Se encuentra usted aquí

La PGR facciosa e incompetente

Martes, 20 de Marzo 2018 - 15:30

Autor

israel2.jpg
Israel Aparicio

Compartir

alcantarilla-rata-pgr.jpg

La semana pasada, la Procuraduría General de la República (PGR) informó que no ejercitaría acción penal contra el exgobernador, César Duarte, y su ex secretario de hacienda, Jaime Herrera, por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, delito bancario y defraudación fiscal, al considerar que no se tenían elementos suficientes para consignarlos. Sin importar que en fechas recientes se haya confiscado otro rancho de su propiedad en el municipio de Hidalgo del Parral, para ser 21 propiedades aseguradas por presunta corrupción, además de mantenerse en curso investigaciones por probables desvíos de recursos públicos destinados al apoyo económico de las campañas del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

El uso faccioso de la PGR se demuestra en la actual época electoral, con la persecución judicial contra el candidato presidencial de la Coalición por “México al Frente”, Ricardo Anaya, a quien le acusan de triangular recursos económicos y lavado de dinero mediante la venta de propiedades inmobiliarias. A pesar de que Anaya no haya explicado y se haya deslindado a cabalidad de las acusaciones que se le imputan, son totalmente anómalas las situaciones que dice perseguir la PGR, al grado que el mismo Instituto Nacional Electoral solicitó a la instancia de justicia federal borrar de sus archivos digitales los boletines de prensa relacionados con el caso de Anaya, además del video tomado en las instalaciones de la procuraduría, donde se pretendió exhibir al candidato frentista como majadero, en una violación total a su derecho de privacidad.

Contrasta la persecución política contra Anaya, con la “manga ancha” contra el exgobernador de Chihuahua, quien enfrenta 12 órdenes de aprehensión por daño al erario público, fraudes millonarios, y gastos injustificados detectados por la Auditoria Superior de la Federación y el gobierno de Chihuahua que encabeza el gobernador, Javier Corral. Es increíble que la PGR no encontrara materia suficiente qué sancionar en la creación de un fideicomiso de 65 millones de pesos, que después se transformaría en el Banco Unión Progreso Chihuahua, donde se manejaron cuantiosos recursos económicos del erario estatal, además de la participación de Jaime Herrera como estratega financiero de dicho banco, en claro conflicto de interés, al ser el secretario de hacienda de Chihuahua.

A pesar del uso electorero que se le da a cada caso judicial, el actual gobernador panista Javier Corral, denunció el uso de cuantiosos recursos que fueron triangulados financieramente, para finalmente ser desviados a las campañas electorales del PRI. En la configuración de este delito, estaba el todo poderoso ex secretario de Hacienda, Luis Videgaray, coordinado con el exdiputado y líder del PRI nacional, Manlio Fabio Beltrones quien debió ampararse ante un posible proceso judicial en puerta.

La cloaca en que se convirtió la PGR alcanzó hasta la polémica renuncia del ex fiscal de delitos electorales, Santiago Nieto, quien declaró en un importante periódico estadounidense haber sido amenazado de muerte por indagar a fondo en el tema de soborno internacional de la empresa Odebrecht a Emilio Lozoya, además de filtrar fotos de una presunta infidelidad del exfiscal que le costó la ruptura matrimonial. Organismos internacionales y la misma COPARMEX alertan sobre el uso faccioso que el actual régimen priísta realiza de las instancias de procuración de justicia, sin olvidar que muchas de estas instituciones están acéfalas, lo que constituye un certificado de impunidad ante los enormes retos y problemas que enfrentará el país en materia de corrupción rampante.

El escenario es poco alentador ante una elección presidencial que se realiza de forma salvaje y llena de acusaciones judiciales, guerra sucia, abuso de recursos económicos al margen de la ley, pero sobre todo, de actos de corrupción que difícilmente serán sancionados, y que afectarán de forma irreparable las arcas públicas de las ya muy endeudadas entidades federativas.

Los regímenes priístas o panistas, no se ha sonrojado al utilizar facciosamente las instituciones de justicia contra los opositores políticos, sin importar que en sus ambiciones personales se mimeticen con los regímenes chavistas o rusos que tanto critican y exhiben en sus acidas críticas. Basta recordar el triste episodio del desafuero contra el entonces jefe de gobierno, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), que derivó en un golpeteo político que hizo del tabasqueño una víctima innecesaria del sistema. Además de que en confesiones recientes, el entonces senador, Diego Fernández de Ceballos, exhibió al expresidente Vicente Fox como el autor intelectual del desafuero, quien intentó en los últimos días de la campaña del 2006, sobornar al ex tesorero capitalino, Gustavo Ponce para incriminar a AMLO en los videoescándalos a cambio de ser liberado, lo que dejó totalmente desnudo al polémico expresidente, quien desperdició la oportunidad histórica de avanzar en la transición democrática, para convertirse en un político autoritario más, traidor y destructor de su legado político.

En el final de sexenio, marcado por la corrupción, la impunidad y el incontrolable yugo de la delincuencia organizada y el poder del narco, se dinamitaron las instituciones de justicia (de por sí incompetentes en su labor) para hacerlas un elefante blanco que no soluciona nada. Seguir utilizando a la PGR como un cuartel de guerra contra los adversarios políticos, terminará por dar el tiro de gracia a la confianza ciudadana que ya no cree en la justicia impartida en el país, en un contexto donde se está más cerca de la ley de la selva, que de un estado de derecho medianamente funcional.

acrord32_2018-09-18_14-50-29.jpg
Número 21 - septiembre 2018
Descargar