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Hay que tirar a la basura al sistema político

Jueves, 18 de Enero 2018 - 17:00

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Jaime Guerrero Vázquez

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Según una nota aparecida en El Universal[1] , la organización Freedom House considera que las próximas elecciones serán una especie de plebiscito para la actual administración federal. Es posible que Freedom House haya estado dormida durante once meses o cinco años, pero la verdad no es necesario esperar al resultado de los próximos comicios para saber que el gobierno de Peña Nieto tiene bajísima popularidad. Incluso la leve mejoría de los últimos meses de 2017 puede verse anulada luego de los gasolinazos y la elevación de precios de este inicio de año. Esta situación es la que más lastra al candidato José Antonio Meade más que su personalidad. Mientras no rompa con el discurso de la continuidad de una administración desgastada, será difícil que su campaña pueda despegar a niveles ganadores.

Pero más allá de esto, Freedom House considera que México es un país “parcialmente libre” en donde han retrocedido las libertades civiles y políticas. Los países libres son, por ejemplo, Estados Unidos y Canadá, pero también Brasil, Perú, Argentina y Chile. Parcialmente libres son Colombia, Ecuador y Bolivia. Entre los no libres está, por supuesto, Venezuela. Da la impresión de que sus calificaciones son tendenciosas. Decir que Brasil es libre cuando el presidente de ese país pudo evitar un proceso mediante una serie de argucias políticas o que Bolivia está al mismo nivel que Colombia y Ecuador parece poco fundamentado.

Haciendo a un lado estas “calificaciones”, cabe preguntarse si las elecciones son algo más que un plebiscito de la actual administración y si las condiciones imperantes en México están poniendo en peligro las libertades políticas y civiles. Sobre estos temas, los comicios de este año podrían ser no sólo un plebiscito del gobierno federal (que está reprobado) sino también un plebiscito de toda la estructura democrática que se ha construido en más de dos décadas. Pese a todo lo que se diga, el aparato electoral (organización, ejecución y calificación de elecciones) es eficiente y confiable, pero es caro. La clase política es también costosa y tiene mala imagen. El aparato de justicia comparte esa mala imagen y es ineficiente. Muchos de los vendedores de ilusiones sobre si se hacía esta o aquella reforma, la democracia llegaría, el PRI moriría y se alcanzaría un país más justo, permanecen callados o se resisten a considerar que sus propuestas eran, al menos, insuficientes. Esta democracia no gusta porque no ha logrado erradicar la desconfianza, la corrupción y, sobre todo, la desigualdad. Si 2018 es una prueba de fuego no sólo para un régimen específico sino también para todo un sistema, es probable que gane una opción que parezca lo más alejada de lo que hoy existe. Pero hay más. Es posible que esa opción ganadora obtenga un cheque en blanco para hacer cambios mayúsculos los próximos años. ¿Quién lloraría por un INE caro si esos recursos se destinan a abrir nuevas universidades, por ejemplo?, ¿quién extrañaría una democracia con muchos partidos si los recursos que ahora se les destinan se dedican a los jóvenes que no tienen empleo ni educación?, ¿alguien saldrá a defender un Congreso caro cuando sea sustituido por uno barato y subordinado?

Si este sistema no se reforma a sí mismo (y no parece que lo vaya a hacer), corre el riesgo de que un mesías lo desmonte piedra por piedra.

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Número 23 - Noviembre 2018
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