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Dilma ante el precipicio político

Martes, 29 de Marzo 2016 - 18:30

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Liliana Alvarado Baena

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Una tormenta está sacudiendo a Brasil en materia económica, política y social. Sin duda, la recesión económica, el desempleo y el descontento generalizado por la corrupción, es lo que llevó el pasado domingo 13 de marzo a alrededor de 3 millones de brasileños a marchar a las calles.[1]

Panorama económico

La crisis económica en Brasil se explica, en parte, por la desaceleración de China y la dependencia de las exportaciones de las materias primas, cuyos precios se han desplomado. Se estima que alrededor de la mitad de las exportaciones del país consisten en petróleo, mineral de hierro y productos como la soya. Esta situación ha ocasionado un deterioro en la cuenta corriente, dando un saldo negativo que representa casi el 4.4% del PIB del 2015.

Adicionalmente, la inflación ha alcanzado cifras de dos dígitos (alrededor del 10%). Actualmente, la deuda brasileña equivale a 67% del PIB, no obstante, hay quienes proyectan que ésta podría alcanzar 80% del PIB en 2017.[2] Finalmente, la conjunción de estos elementos ha impactado de forma negativa la recaudación tributaria.[3]

Las consecuencias no son menores, según Bradesco, uno de los principales bancos de Brasil, más de seis millones de brasileños han pasado de la clase media a la pobreza desde 2014.[4] Asimismo, ante la crítica situación de las finanzas públicas, las calificadoras han retirado al país el “grado de inversión”.[5]

Dilma en medio de la controversia

La actual presidenta llegó al poder en 2011, sucediendo al popular Luiz Inácio Lula da Silva en el Partido de los Trabajadores (PT).[6] Al poco tiempo, trató de reformar la economía y tras una serie de medidas poco populares, en 2013, apareció la primera manifestación en contra de su mandato. A pesar del descontento, pudo reelegirse en 2014.[7]

El 2 de diciembre de 2015, el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB)- también bajo la mira por posibles actos de corrupción relacionados con Petrobras – impulsó llevar a cabo un juicio político de destitución (impeachement) a la presidenta por irregularidades en el manejo del presupuesto para ajustar las cuentas de su gobierno en 2015 y por ocultar la verdadera dimensión del déficit fiscal.[8]

Por otra parte, pero en el mismo sentido, el Tribunal Superior Electoral tiene la intención de impugnar el mandato de Rousseff y de su vicepresidente (Michel Temer), debido a la sospecha de que realizó la campaña de 2014 con fondos ilícitos. De confirmarse la acusación, la consecuencia sería la convocatoria a nuevas elecciones presidenciales. [9]

No es sorpresa que los niveles de popularidad de la presidenta sean bajos. Según las encuestas solamente un 8% de los brasileños cree que la administración de Dilma es “buena o excelente” mientras que otro 71% cree que es “terrible”.[10]

La política detrás del juicio

El mayor aliado de Rousseff había sido hasta ahora el partido PMDB, partido clave en su coalición de gobierno.[11] No obstante, el día de hoy el mayor partido político de Brasil decidirá si abandonar la coalición de la presidenta. Ello hace más factible que a inicios de junio el vicepresidente Michel Temer reemplace en sus funciones a Rousseff.

Adicionalmente, este hecho arrastraría a otros partidos menores a seguir sus pasos y a abandonar la coalición, lo cual dificultaría que Rousseff pudiera reunir un tercio de los votos necesarios en el Congreso para impedir su juicio político.

Conclusión

Actualmente, está en juego la continuidad de un proyecto político, iniciado en el gobierno de Lula da Silva, que ha transformado, para bien o para mal, profundas fibras de la sociedad de ese país. Si bien los cambios de timón son probables, lo más rescatable es que estos emergen en el marco de instituciones como las Cámaras y los tribunales y no desde una Junta Militar.


[2] Periódico Reforma 28 de marzo de 2016. En medio del caos político, Brasil se acerca al precipicio económico.

[6] Recientemente se bloqueó el nombramiento del expresidente Lula como Jefe del Gabinete de Rousseff, razón por la cual la presidente está explorando la posibilidad de nombrarlo Consejero Especial de la Presidencia.

[7] http://www.socialistproject.ca/bullet/1201.php Cabe mencionar que su mandato termina en 2018.

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Número 22 - Octubre 2018
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