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¿Corrupción e Impunidad en el Poder Legislativo y Judicial?

Jueves, 06 de Abril 2017 - 15:00

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Carlos Aguila Franco

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La impunidad avalada por la corrupción sigue imperando en nuestro país, al menos así lo indican dos casos que preocupan y mucho. Siendo involucrados dos de los Poderes de la Nación. Uno de ellos nuevamente en el Poder Legislativo, por ser en la Cámara de Diputados. Y el segundo caso, en el Poder Judicial.

El tema en el Poder Legislativo involucra a un Diputado suplente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) que pretendía tomar protesta como Diputado titular, pero por presiones de integrantes del Partido Acción Nacional (PAN), Partido de la Revolución Democrática (PRD), Movimiento Ciudadano y Morena, el pleno de la Cámara de Diputados no autorizó la toma de protesta y con ello otorgarle el fuero constitucional protector para Antonio Enrique Tarín García, quien “casualmente” fue director de Adquisiciones en el gobierno de César Duarte, en Chihuahua, existiendo una orden de aprehensión para él, acusado de peculado.

Los hechos se suscitaron cuando Tarín García llegó en calidad de suplente del diputado priista chihuahuense Carlos Hermosillo, quien falleció recientemente, en un accidente automovilístico. Obviamente cuando el diputado suplente llegó al Palacio Legislativo, afirmó que no estaba enterado de dicha orden, pero obvio iba por el fuero, razón por la cual legisladores de los partidos mencionados se opusieron.

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Guadalupe Murguía, del PAN, fue quien recibió el documento de la orden de aprehensión girada y firmada el lunes 27 de marzo por el juez Eduardo Alexis Ornelas Pérez, juez de Control del Distrito Judicial Morelos de Chihuahua y un oficio emitido del fiscal general del Estado César Augusto Peniche Espejel, en el que se le solicita “su apoyo y colaboración” para el cumplimento de la detención. Luego de una larga negociación entre coordinadores parlamentarios determinaron sacar del Orden de Día el tema de la toma de protesta.

Y las cosas se complicaron dado que había agentes ministeriales fuera del Palacio Legislativo, por ello Tarín García fue sacado del salón de sesiones por sus compañeros y conducido a las oficinas del vicecoordinador del PRI, Jorge Carlos Ramírez Marín, y luego a la Coordinación de la Diputación priista de Chihuahua, donde permaneció esperando le tramitaran un amparo hasta el día siguiente, el cual “afirman los priístas”, él tramitó por su cuenta. Surgiendo las siguientes dudas, ¿si no sabía de la orden de aprehensión, como tramitó el Amparo sin salir de la Cámara de Diputados? ¿Quién le autorizó quedarse en la Cámara de Diputados? ¿Dónde se quedó y durmió? ¿Puede considerarse encubrimiento que permaneciera en oficinas de la Cámara de Diputados?

Las respuestas a estas dudas, pueden dejar en claro si hubo violaciones a la ley ayudándolo, protegiéndolo y utilizando el recinto del Poder Legislativo para ello, lo cual es muy grave y de ser así, deben ser sancionados quienes en ello incurrieron.

Este penoso hecho, nos remite a una acción semejante que llevaron a cabo los perredistas, cuando al existir una orden de aprehensión en su contra por nexos con el narcotráfico, el diputado César Godoy, medio hermano del entonces Gobernador de Michoacán, Leonel Godoy, no pudo tomar protesta al inicio de la Legislatura por haber vigilancia policiaca para detenerlo cuando llegara a la Cámara de Diputados e impedir su entrada. Es por ello que decidió un grupo de perredistas, introducirlo al edificio legislativo en la cajuela del diputado Acosta Naranjo y esconderlo en la oficina de Alejandro Encinas, quien era el Coordinador de la fracción perredista, para que permaneciera en ella esa tarde y noche y así al día siguiente en la sesión rindiera protesta obteniendo con ello el fuero que impedía que lo detuviesen y se aplicara la ley.

Lo cual de nada sirvió, porque poco tiempo después, le quitaron el fuero, teniendo como consecuencia que César Godoy se fugara para no volver a aparecer hasta el día de hoy.

Y nuevamente surgen las dudas, ¿a pesar de que existe una orden de aprehensión por malos manejos del presupuesto del gobierno del estado de Chihuahua, rendirá protesta para ser protegido por el fuero? ¿Le permitirá su partido violar la acción de la justicia?. O pasará lo mismo que con César Godoy, huirá para que no lo encuentren y quede impune el delito que haya cometido?. Finalmente lo que suceda le repercutirá al PRI.

El segundo tema, que como señalamos corresponde al Poder Judicial, tiene que ver con el escandaloso y vergonzoso caso en Veracruz de “Los Porkys”, resultando que a uno de los acusados de pederastia por presuntamente ser responsable de abusar sexualmente de una menor de edad, Diego Cruz Alonso, el Juez Anuar González le otorgó un amparo por la justicia federal.

Con dicho Amparo directo, obliga a darle un auto de libertad estableciendo que no hay delito del que se le acusa. Considerando el Sr. Juez, que aunque Cruz Alonso "le tocó los senos (a Daphne), le metía sus manos debajo de la falda, y le introdujo sus dedos por debajo del calzón y se los introdujo en la vagina, no observa una intención lasciva ni intención de copular".

Pero no es el único involucrado y que a pesar de haber huido cuando los denunciaron, recibió también un Amparo, estando en el mismo proceso, a Enrique Capitaine Marín, se le concedió amparo el 21 de enero de este año.

Es un caso verdaderamente de vergüenza para el Poder Judicial, dado que todo inició cuando Javier Fernández, papá de la joven violada, dio a conocer el caso en redes sociales con un video en el que los cuatro involucrados aceptan haber participado en el hecho. Al iniciar el tema legal, los involucrados y sus padres denunciaron a Fernández por extorsión, acusándolo de pedirles una suma millonaria a cambio de no publicar el video que los chicos habían grabado bajo coacción.

El 11 de mayo del 2016 fue detenido Capitaine Marín en Torreón, Coahuila, mientras que Cruz Alonso el 11 de junio en Madrid, España y extraditado el 19 de enero de este año.

Este Amparo para Diego Cruz, motivo en alto grado de indignación e inconformidades en los sectores de la sociedad, inclusive internacional, llevando como consecuencia, que el pleno del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) determinara suspender al juez Anuar González, cuyo amparo en favor de Diego Cruz Alonso, uno de Los Porkys de Costa de Oro”, causó polémica a nivel internacional, e inició un procedimiento de investigación administrativa, en relación con su actuación como juzgador. Asimismo se señaló por parte de los consejeros de la Judicatura, que la resolución dictada en el amparo 159/2017 aún puede ser sujeta de revisión por un Tribunal Colegiado de Circuito, y no implica la libertad del solicitante de amparo.

Grave también este tema, que a querer o no lleva a pensar que existió corrupción para que se otorgara este Amparo. Obviamente al Juez Anuar González no le ha ido nada bien, dado que ahora se queja de que ha sido víctima de ataques en medios de comunicación y redes sociales, han hecho una exposición masiva no sólo de su persona sino también hacia su esposa e hijas, lo cual va más allá de lo estrictamente profesional en su función de juzgador federal, por lo que se excusó de conocer el Amparo de otro de los inculpados en este caso. Ahora resultando que si le interesa la integridad de su familia. Eso hubiera analizado antes de que diera el Amparo, excepto que como todo mundo piensa, le pagaron muy bien por otorgarlo.

Pero este “tipo de Amparos” no es nuevo que los otorgue este Juez, en julio de 2014, siendo juez octavo de distrito con sede en la ciudad de Tuxpan, concedió un amparo a María Josefina Gamboa Torales, quien fungía como directora del Instituto Municipal de la Mujer en Boca del Río, y que fue acusada de homicidio culposo, al conducir a exceso de velocidad y en estado de ebriedad un automóvil Nissan Sentra modelo 2013, con placas de circulación YKE-8719 del estado de Veracruz, atropelló a José Luis Burela López, de 30 años de edad, quien salió proyectado sobre el arroyo vehicular, sufriendo lesiones que le causaron la muerte.

De acuerdo con información del Diario Excélsior, se detectó que funcionarios de la dirección de Tránsito supuestamente alteraron la escena del accidente para favorecer a la inculpada que permaneció en prisión durante ocho meses.

El amparo otorgado por Anuar González Hermandi eliminó las agravantes de temeridad y estado de ebriedad, que finalmente dejaron en libertad Gamboa Torales.

Mal y de malas que dos de los Poderes de la Nación, estén involucrados, directa o indirectamente en actos que violan las leyes y que se puede presumir que hay corrupción. Esperaremos en que terminan ambos casos, que por sí solos presentaran la realidad que acontece.

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Número 17 - abril 2018
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