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A un año de los sismos de septiembre

Martes, 18 de Septiembre 2018 - 15:00

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Israel Aparicio

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En esta semana se cumple un año de la emblemática fecha del 19 de septiembre en materia de sismos en la ciudad de México, y de varios estados con actividad telúrica. A un año de los sismos de septiembre de 2017 la situación es de desesperanza y rabia para los damnificados, de forma especial en estados del sureste mexicano. Historias de comunidades devastadas que continúan viviendo en las calles y cuyas construcciones se han visto afectadas sin posibilidades reales de ser reconstruidas.

Múltiples censos incompletos, insuficientes recursos económicos, desvío de dinero a campañas electorales y una opacidad total en el manejo de las donaciones internacionales y nacionales, es el catastrófico balance de las acciones emprendidas por los gobiernos federales y estatales. Sumada a la impunidad y la falta de procesos penales contra las empresas, ingenieros, secretarias y funcionarios que permitieron ampliaciones, reconstrucciones y nuevos desarrollos inmobiliarios que colapsaron ante los sismos de septiembre del año pasado.

Las figuras políticas centrales que prometieron continuar en sus cargos para coordinar y trabajar en la reconstrucción, olvidaron sus promesas para ir en busca de un cargo político en el pasado proceso electoral. El exjefe capitalino y actual senador por el Partido Acción Nacional, Miguel Ángel Mancera, operó políticamente para la construcción de un frente político (nunca para la reconstrucción tras los sismos) que hizo posible la alianza pragmática de los partidos de izquierda con la derecha, pero que al final no le fue suficiente para intentar competir por la postulación presidencial, condenándolo al ostracismo político. La salida de Mancera de la jefatura de gobierno capitalino trajo consigo el abandono y el vandalismo político desde el PRD, que desvió los recursos económicos a las campañas electorales.

Por su parte el flamante coordinador de la peor campaña política del PRI, Aurelio Nuño, prefirió abandonar los trabajos de reconstrucción de las diferentes escuelas públicas, una vez que el fallido candidato presidencial, José Antonio Meade, escucho el canto de las sirenas tricolores que le pedían retuviera para el entonces “partidazo” el máximo cargo del país. En medio de las aspiraciones políticas de los funcionarios trásfugas, se quedaron miles de familias damnificadas que viven un viacrucis interminable al no tener garantías de que sus edificios, casas y departamentos serán reconstruidos, para dejar de vivir de la caridad de la ciudadanía solidaria.

Casos emblemáticos abundan, como el del edificio de Eje Central 526 donde el Director Responsable de Obra (DRO), Fernando Méndez Bernal, dio el visto bueno a la construcción a pesar de contar con el acero necesario que marcaban los planos. El colmo del caso es que el DRO en cuestión trabaja como asesor titular de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda capitalina. En el edificio de Bolívar 168, murieron 15 personas, era una obra endeble debido al retiro de muros y la construcción de un piso extra para talleres, provocaron su debilitamiento, sumado a la instalación de una repetidora telefónica de 10 toneladas, que hizo imposible que esta construcción resistiera el movimiento telúrico. Los edificios de Edimburgo 4 y Ámsterdam 107, fueron construidos por el mismo ingeniero que tenía investigaciones por un edificio colapsado en el sismo del 85, ambos edificios se construyeron en 1980 y cayeron durante el sismo del 19 de septiembre.

Estos casos, como muchos otros, son dolorosos y frustran a la opinión pública, ya que sin importar las graves fallas, negligencias, corruptelas e impunidad, ningún funcionario de mediano o alto nivel perdió su trabajo, mucho menos ha sido sometido a procesos judiciales por los desplomes de edificios de los sismos de septiembre. Numerosas inmobiliarias que solo cambian de nombre para evadir responsabilidades, se mantienen en el mercado de la construcción, incluso con contratos para reconstruir obras colapsadas por su negligencia. Es en el más amplio sentido de la palabra, lucrar con la tragedia de miles de ciudadanos que han perdido todo su patrimonio.

En el caso del sismo del 7 de septiembre que afecto al sureste mexicano, casos como el de Cintalapa, Chiapas, es sintomático que la ayuda es insuficiente para muchas familias que debieron endeudarse para tratar de reconstruir sus viviendas ya que hasta la fecha, los recursos de apoyo que debían ser aportados por el gobierno estatal, no habían sido depositados. Por su parte Juchitán, Oaxaca, el municipio más afectado por los sismos, sigue pareciendo una zona de guerra ante la destrucción de numerosas casas, la iglesia colonial, el mercado y múltiples edificios tradicionales, resultado de las incontables replicas y el escaso avance en las labores de reconstrucción. Es sintomático que hasta Ángel Sánchez Santiago, el héroe que rescató la bandera mexicana del devastado palacio municipal Juchiteco, haya pasado a formar parte de la enorme lista de damnificados de la zona.

Sin el compromiso real del nuevo gobierno, numerosas familias estarán condenadas a repetir el destino de los damnificados del sismo de 1985 quienes aún, por diversas razones, no conocen lo que es la reconstrucción de sus viviendas y casas destruidas por el devastador fenómeno natural. La solidaridad después de los sismos debe recobrarse en estas fechas conmemorativas, ya que sin el apoyo y la exigencia de la sociedad civil para acelerar los trabajos de reconstrucción, así como llevar ante la justicia a los funcionarios negligentes, las constructoras voraces y los gobiernos cómplices, numerosas familias afectadas, difícilmente volverán a los niveles de bienestar previos a los sismos.



Número 23 - Noviembre 2018
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