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“3 de 3”, Ley ciudadana

Martes, 29 de Marzo 2016 - 17:30

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Guillermo Vázquez Handall

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La iniciativa de Ley denominada “3 de 3”, que implicaría la obligatoriedad de incluir en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, el que los funcionarios públicos designados y los electos tengan que someterse a la presentación de declaraciones, patrimoniales, fiscales y de conflicto de intereses, tiene que verse y entenderse como un triunfo de la sociedad.

Primero, porque se rebasó, el margen mínimo necesario de las 120 mil firmas que, de acuerdo a los mecanismos de participación ciudadana contemplados en la última reforma política, obligan al Congreso a darle entrada a la iniciativa; de hecho se lograron reunir casi 300 mil rúbricas para soportarla.

Una victoria de la sociedad y sus propias organizaciones, que es un reflejo fiel de la gran inconformidad que priva en contra de los abusos de poder, corrupción e impunidad.

El que se apruebe esta iniciativa representa el mayor avance de nuestra historia en materia de transparencia y combate frontal, en contra del flagelo de la corrupción.

Lo que adicionalmente se convertiría en el mayor argumento de empoderamiento social de la época contemporánea, más aún si se considera que no hubo de por medio ningún tipo de acción de corte radical para reunir dichas firmas.

No fue este un movimiento, y eso hay que reconocerlo, como tantos otros en los que se transgrede el orden, se afecta a terceros o se haya puesto de manifiesto ningún tipo de presión o chantaje en pos de intereses sectoriales.

Este fue un comportamiento maduro, inteligente y que, por supuesto, no infiere ventaja o ganancia para ninguna fuerza política formal; su origen, desarrollo y organización fue, en todo momento, un esfuerzo social colectivo y plural.

Más allá de la motivación que implica el extraordinario logro de reunir las firmas, que en este caso de manera muy particular está dirigido a exigir transparencia y rendición de cuentas, para los partidos políticos esto es la muestra más clara de la que la organización ciudadana es mucho más fuerte de lo que pudieron esperar.

Para las cúpulas del poder, no sólo se trata de ver en riesgo la conservación de privilegios y prebendas al amparo de la discrecionalidad en el manejo de las instituciones del estado y el marco legal; Lo que realmente debe preocuparles es la capacidad demostrada de movilización y organización comunitaria.

Este ejemplo sirve para entender que si la sociedad es capaz de concebir que unida es más poderosa que las fuerzas políticas establecidas, se abre una ventana de opciones y oportunidades democráticas, en las cuales su papel, si no queda en entredicho, sí al menos puede limitarse considerablemente.

Sin embargo, a pesar del avance que evidentemente encarnaría la eventual aprobación de la iniciativa, el asunto no queda resuelto del todo, porque si bien la ley obligaría a la transparencia, eso no significa por descontado que se cabe la corrupción.

La corrupción seguirá persistiendo en tanto no se acote la impunidad; ese es realmente el gran reto, la parte que necesariamente tendrá que analizarse a conciencia.

El avance en materia de transparencia sería sólo la mitad, sin un freno consistente a la impunidad; el problema no va a terminar y, peor aún, escenificaría un escenario de mayor desilusión e inconformidad general.

Si las herramientas de rendición de cuentas aportan una mayor información, será más fácil detectar los actos ilegales de las diversas autoridades, pero si estas son descubiertas y no son castigadas, el efecto será mucho peor.

Las transformaciones requieren de tiempo para su consolidación; los cambios que hemos experimentado en los últimos años, impensables apenas hace décadas, han sido favorables, pero son insuficientes.

Lo importante es que es la sociedad ahora decide jugar un papel protagónico para exigir civilizadamente atención y cumplimiento a sus demandas, para enfrentar a una clase política que no podrá seguir en la zona de confort en la que se ha mantenido.

Hoy hay que festejar que la sociedad haya sido capaz de poner un tema tan delicado como éste en la mesa de discusión legislativa. Como producto de la demanda, los partidos no tendrán más remedio que actuar en consecuencia y aprobar la iniciativa.

Pero será necesario fortalecer a las instituciones que se encargan de la vigilancia, investigación y denuncia de los actos que desde el ejercicio de la autoridad califiquen como ilegales.

Eso sólo se podrá conseguir mediante una autonomía genuina, sin la más mínima obediencia, ni dependencia de los poderes ejecutivos o influencia en la relación con los partidos políticos.

El camino viable en ese sentido es que esas instancias puedan ser electas directamente por la sociedad, a través de requisitos muy particulares, para que gozarán de un marco jurídico que salvaguarde su independencia.

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Número 22 - Octubre 2018
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