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Se dice, se comenta y se rumora

Viernes, 23 de Septiembre 2016 - 12:00

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Eduardo Ruíz-Healy

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Nos guste o no, en México la justicia no se aplica ciegamente cuando es política o económicamente poderoso aquel que es sujeto a un proceso judicial. En este tipo de caso, como ocurre en muchos otros países, la justicia se negocia con el fin de que el poderoso, si es declarado culpable de haber cometido algún delito, reciba la pena más leve.

Se dice, se comenta y se rumora que desde hace varias semanas los dirigentes del PAN, PRD y PRI negocian con representantes del gobierno federal la forma en que la justicia se aplicará en los casos de los aún gobernadores priístas de Chihuahua (César Duarte), Quintana Roo (Roberto Borge) y Veracruz (Javier Duarte), del ex gobernador panista de Sonora (Guillermo Padrés) y del gobernador electo panperredista de Veracruz (Miguel Ángel Yunes).

De los primeros cuatro se dice, se comenta y se rumora que son unos pillos que no solo endeudaron groseramente a sus estados sino que aprovechándose de sus cargos hicieron negocios ilícitos que los convirtieron en hombres muy, pero muy ricos. Del quinto de ellos, desde hace tiempo se ha dicho que al abrigo del poder se convirtió desde hace ya mucho tiempo en multimillonario en dólares.

También se dice, se comenta y se rumora que Roberto Borge, quien dejará de ser gobernador el domingo entrante, podría ser detenido ese mismo día por agentes del a Policía Federal Ministerial y presentado ante un juez para declarar en calidad de indiciado en torno a diversas acusaciones en su contra, entre ellas la de desvío de recursos públicos.

Y, como todo se negocia, el arresto de Borge podría llevarse a cabo horas antes de la aprehensión de Guillermo Padrés, quien ha sido acusado de cometer innumerables ilícitos durante su gobierno, sexenio en que aparentemente se sirvió con la cuchara grande.

O sea, PAN y PRI-Gobierno negociarían como aplicar la justicia a un priista y a un panista.

Pero, aparentemente, la cosa no quedaría ahí, ya que se dice, se comenta y se rumora que el 30 de noviembre venidero, día en que concluye el sexenio del veracruzano Javier Duarte, las autoridades judiciales actuarían tanto en contra del gobernador saliente como del entrante, Miguel Ángel Yunes. La aprehensión del segundo obedecería a una orden de aprehensión girada por un juez antes de que asumiera el cargo y adquiriera el fuero protector que los políticos mexicanos inventaron para protegerse de la ley. El arresto del primero sería apenas concluyera su mandato constitucional.

De suceder lo anterior, se seguiría lo que señala el Artículo 46 de la Constitución del Estado de Veracruz: “Si al iniciar el período constitucional no se presentare el Gobernador electo o la elección no estuviere hecha o declarada válida, cesará en sus funciones el Gobernador cuyo período haya concluido, encargándose desde luego del Poder Ejecutivo; en calidad de Gobernador interino, a quien designe el Congreso, y éste convocará de inmediato a elecciones extraordinarias, las cuales deberán realizarse en un plazo no mayor de doce meses a partir del inicio del período constitucional”.

O sea, como en los casos de Borge y Padrés, en Veracruz el PAN-PRD y el PRI-Gobierno negociarían como aplicar la justicia a un priista y a un panista.

De resultar cierto lo que se dice, se comenta y se rumora en la Ciudad de México, Quintana Roo, Sonora y Veracruz, tanto el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto como los tres principales partidos políticos lanzarían una clara señal que, aunque negociada, la justicia se aplicará contra estos cuatro individuos que representan, de ser cierto lo que de ellos se ha escrito y dicho, lo peor de la clase política mexicana. Que llegó a su fin la era de la impunidad.

Bueno, más bien que casi llegó a su fin, porque por ahí faltaría llamar a cuentas a muchos otros funcionarios y ex funcionarios que son sospechosos de ser unos ladrones.

¿Resultará ser cierto lo que con insistencia se dice, se comenta y se rumora estos días?

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Número 12 - noviembre 2017
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