El presidente Andrés Manuel López Obrador fue claro y contundente. En su conferencia de prensa del jueves pasado dijo esto: “Todos los servidores públicos tienen que dar a conocer sus bienes y transparentarlos, porque ahora hay la posibilidad de que se puedan mantener en reserva. Por cuestiones de índole moral todos tenemos que dar a conocer los bienes. El que no dé a conocer sus bienes, alegando que la ley no se lo exige, no va a poder desempeñarse en este gobierno”.
Al parecer, sus palabras no tuvieron mucho efecto sobre varios miembros de su gabinete, ya que al revisar las declaraciones patrimoniales de los 18 secretarios de Estado que aparecen en el sitio declaranet.gob.mx, se observa que la mitad de ellos no autorizó a que toda o parte de su declaración pueda ser vista por el resto de los mexicanos que les pagamos sus sueldos.
Tres secretarios solicitaron que se oculten tanto sus datos patrimoniales como sus posibles conflictos de interés. Ellos son Olga Sánchez Cordero, de Gobernación; Esteban Moctezuma, de Educación Pública; y Josefa González Blanco Ortiz Mena, de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, y Román Guillermo Meyer Falcón, secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, no autorizaron a que se hagan públicos sus ingresos por actividad industrial, comercial, financiera y otros; el valor de sus bienes muebles e inmuebles; así como el monto que poseen en inversiones, cuentas bancarias y otro tipo de valores.
Los secretarios de Energía, Rocío Nahle García; de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Víctor Manuel Villalobos Arámbula; y de Turismo, Miguel Torruco Marqués, ordenaron que se mantengan en secreto sus ingresos provenientes de actividad industrial, comercial, financiera y otros; el valor de sus bienes muebles e inmuebles, y de sus vehículos; el saldo que tengan en sus inversiones, cuentas bancarias y otro tipo de valores; así como los adeudos que tengan, el monto original de los mismos, sus saldos y el monto de los pagos realizados.
Los secretarios que sí autorizaron a que sean públicas sus declaraciones de bienes y posibles conflictos de interés son Luis Sandoval González, de la Defensa Nacional; José Rafael Ojeda Durán, de Marina; Carlos Urzúa Macías, de Hacienda y Crédito Público; María Luisa Albores González, de Bienestar Social; Graciela Márquez Colín, de Economía; Javier Jiménez Espriú, de Comunicaciones y Transportes; Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, de la Función Pública; Jorge Alcocer Varela, de Salud; Luisa María Alcalde Luján, de Trabajo y Previsión Social; y Alejandra Frausto Guerrero, de Cultura.
Ninguna de las 16 declaraciones que hay en declaranet.gob.mx muestran los bienes, ingresos o conflictos de interés de los cónyuges, dependientes económicos o parientes cercanos de los funcionarios, como en su momento también lo pidió Andrés Manuel.
“El que no dé a conocer sus bienes, alegando que la ley no se lo exige, no va a poder desempeñarse en este gobierno” advirtió hace menos de una semana el presidente López Obrador. Ocho secretarios de Estado no le creyeron o decidieron ignorarlo. ¿Corregirán su error o dejarán de desempeñarse?
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